La Policía de Cartagena de Indias tomó posesión el miércoles del inconcluso edificio Aquarela, ubicado en cercanías del Castillo de San Felipe de Barajas, una de las joyas arquitectónicas de esa ciudad caribeña de Colombia, para demolerlo.
Con esto arrancó el proceso de demolición, que se espera dure seis meses y que se hará luego de que un juez colombiano considerara que con la construcción del edificio se ven amenazados los derechos colectivos del patrimonio público y cultural de la Nación.
El proyecto habitacional Aquarela, de 5 torres de 32 pisos cada una, se comenzó a construir en cercanías del Castillo de San Felipe de Barajas.
Las obras están suspendidas por las acciones legales que tomó el Ministerio de Culturas en 2017, que alegó entonces que se violaron las normas de protección del patrimonio.
Sin embargo, la primera torre ya estaba en construcción y es visible a uno de los costados de esa fortaleza militar, considerada una de las obras de ingeniería militar más importantes del período colonial en Latinoamérica.
Incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) pidió al Gobierno demoler el edificio porque considera que pone en riesgo las murallas de Cartagena, declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984.
Cumpliendo una orden judicial
La secretaria general del Ministerio de Culturas, Luisa Fernanda Trujillo, dijo a periodistas que estaba acompañando a la Alcaldía de Cartagena como ejecutora de la orden judicial “en el cumplimiento de la demolición del edificio Aquarela”.
“Este edificio se hizo en contravía de derechos colectivos, del espacio público y de la protección del Castillo”, explicó Trujillo.
La funcionaria afirmó que “las zonas alrededor de fortificaciones como el Castillo tienen unas restricciones de construcción teniendo en cuenta la protección de declaratoria de patrimonio en la que se protege no solo la fortaleza sino también a su paisaje”.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, encargó la demolición del Aquarela a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), cuya gerente, Fanny Guerrero, explicó que “más que una demolición se trata de proteger el patrimonio de la ciudad”.
La funcionaria agregó que “el desmonte del edificio se hará piso por piso de arriba para abajo y no mediante una implosión” para proteger a los vecinos cercanos de la edificación y al Castillo de San Felipe.
Edurbe informó que la demolición estará a cargo de la firma Demoliciones Atila Implosión y tendrá un costo de unos 2.8 millones de dólares debido a la complejidad de la obra, ya que se ordenó un método que garantice “la gestión eficiente de los escombros y la seguridad de la obra y los trabajadores”.
Posición de la constructora
Luego de que la Policía tomara posesión del predio, la constructora del proyecto, Promotora Calle 47, aseguró en un comunicado que “la incursión” de las autoridades de Cartagena en “la obra constituye una actuación contraria al derecho”.
“Dado que, a la fecha, no existe decisión judicial o administrativa en firme que ordene la demolición total de la torre uno del proyecto habitacional Aquarela, cualquier intervención en la obra por parte de terceros se hace al margen de las normas establecidas, añadió.
Hasta el momento la constructora, la Alcaldía de Cartagena y el Gobierno no han respondido a los compradores del Aquarela sobre el futuro de su inversión en este proyecto de vivienda de interés social.