El rapero Sean Diddy Combs apeló este miércoles la decisión de la juez Robyn Tarnofsky de mantenerlo bajo custodia en un centro de detención hasta que se celebre el juicio por los cargos de tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado por los que fue imputado el martes en Nueva York.
Está previsto que Combs, quien se declaró no culpable de los cargos, apele formalmente ante el juez de distrito Andrew Carter esta tarde a las 15:30 hora local (19:30 GMT).
La juez rechazó ayer la petición de los abogados de Combs, que pedían para él el arresto domiciliario bajo vigilancia y el pago de una fianza de 50 millones de dólares, alegando que el acusado podría cometer los delitos “a puerta cerrada, incluso cuando los servicios de prisión preventiva están vigilando”.
Tarnofsky también argumentó que existe un alto riesgo de que Diddy obstruya la justicia, puesto que se ha contactado en varias ocasiones con víctimas y testigos para intentar manipularles.
El abogado del rapero, Marc Agnifilo, afirmó en una carta presentada hoy en el tribunal que su cliente es “digno de confianza” y volvió a pedir que se le otorgue la libertad bajo fianza, que estaría firmada tanto por Combs como por su madre, su hermana, sus tres hijos adultos y las madres de dos de sus hijas.
Asimismo, la defensa propuso limitar los viajes de Combs y las visitas de mujeres al domicilio del rapero.
Agnifilo defendió a su cliente indicando que cuando este supo que sería imputado dejó su casa de Miami y viajó a Nueva York, “donde los fiscales y los agentes están investigándolo”. Además, alegó que el rapero lleva tiempo queriendo vender su avión privado, con lo que descartó que hubiera riesgo de fuga.
La fiscalía acusó el martes al músico de participar de manera continuada “en un esquema generalizado de abuso hacia mujeres y otras personas” y reveló que Combs organizaba asiduamente encuentros sexuales forzados entre mujeres y trabajadores sexuales.
A Combs se le acusa de ser el jefe de una empresa criminal, Combs Enterprise, cuyos miembros participaban en actividades de tráfico sexual, trabajo forzado, trata de personas, delitos relacionados con estupefacientes, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia, entre otras.