La Fiscalía de Delitos Económicos se ha querellado contra Shakira en la segunda causa contra la artista por presunto fraude a Hacienda a través de un entramado de empresas en paraísos fiscales, en la que reclama una deuda de cerca de $7 millones con la declaración de 2018 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).
La querella, consultada por Europa Press este martes, se ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde la Fiscalía afirma que residía la cantante junto al futbolista Gerard Piqué y donde, en julio, el Juzgado de Instrucción 2 abrió esta segunda causa contra Shakira por presuntos delitos contra Hacienda.
En paralelo, Shakira espera juicio (previsto para a partir del 20 de noviembre) por presuntamente defraudar $15 millones a Hacienda entre 2012 y 2014 con estos mismos impuestos, por lo que la Fiscalía reclama condenarla a ocho años y dos meses de cárcel.
La fiscal remarca que, al ser residente en España, Shakira estaba obligada a presentar las correspondientes declaraciones de IRPF e IP y tributar por toda su renta mundial independientemente de dónde se hubiese producido y cual fuera la residencia del pagador, y cree que, en cambio, ella “se sirvió de un entramado societario, derivando las rentas a sociedades domiciliadas en países de baja tributación y alta opacidad” para evitar pagar el total que le correspondía por estos impuestos.
Las sociedades que presuntamente utilizó para evitar pagar impuestos se constituyeron en Luxemburgo, Holanda, Malta, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Estados Unidos, Liechenstein.
Una la usó para recibir ingresos por derechos musicales, pagar gastos de su actividad musical, y sobre las otras, la fiscal afirma que “carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos, relativos a la llevanza y gestión de las propias sociedades y entidades”, y supuestamente las interpuso para rebajar sus declaraciones de impuestos.
DECLARACIONES “INVERACES”
La fiscal también considera que Shakira creó una sociedad en España que “fue una sociedad instrumental utilizada por la querellada, que de hecho no ejerció ninguna actividad, por lo que la totalidad de los ingresos y los gastos contabilizados por esta sociedad debían ser atribuidos a la querellada en su declaración de IRPF”.
Afirma que Shakira, “movida por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y de dejar de ingresar en las Arcas del Estado lo que le correspondía, de manera consciente y voluntaria presentó declaraciones inveraces de IRPF e IP”, en las que presuntamente omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían para conseguir reducir la cantidad que debía pagar a Hacienda.
QUIERE INTERROGARLA POR VIDEOCONFERENCIA
La fiscal afirma que Shakira no declaró ganancias de 12,5 millones de dólares correspondientes a la gira El Dorado World Tour, no declaró rendimientos de sociedades, dedujo gatos por duplicado y dedujo gastos personales no justificados.
En concreto, la fiscal cree que Shakira defraudó unos $5.6 millones en IRPF en 2018, por el que reclama una de $7 millones teniendo en cuenta lo que ha ingresado voluntariamente y los intereses de demora; y que presuntamente defraudó cerca de $1 millón con el IP, por el que reclama una deuda de aproximadamente $1 millón.
Como ahora Shakira vive en Miami, el fiscal ha pedido que el interrogatorio a la cantante durante la instrucción de esta causa pueda hacerse por videoconferencia.
