La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante colombiana Shakira en España, acusada de defraudar a Hacienda 6.6 millones de euros (unos 7 millones de dólares).
No obstante, remite el caso a la vía administrativa para que pague la deuda que Hacienda le reclama por el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) y el de patrimonio de 2018.
Según informaron a EFE fuentes jurídicas, el ministerio público, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal contra Shakira, ha presentado un escrito para pedir el sobreseimiento de la causa, como pedía la defensa, en un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
También han respaldado la petición de archivo las otras dos acusaciones particulares personadas: la Abogacía del Estado -en nombre de la Agencia Tributaria española- y el gobierno de la región española de Cataluña.
La cantante colombiana aceptó el pasado mes de noviembre el pago de una multa de 7.8 millones de euros (cerca de 8.3 millones de dólares), tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria que le evitó el ingreso en prisión, en la primera causa que le abrió la justicia por defraudar 14.5 millones de euros (15.6 millones) entre los años 2012 y 2014.
Fue la Fiscalía de Delitos Económicos la que presentó esta segunda querella por fraude fiscal contra la cantante, pero ahora, tras meses de investigación, ha concluido que no hay indicios suficientes de que cometiera delitos contra la Hacienda pública.
La cantante, de hecho, depositó el pasado 31 de agosto en el juzgado los 6.6 millones de euros (7 millones de dólares) que el ministerio público y la Agencia Tributaria consideraban evadidos y el pasado mes de febrero declaró como investigada ante el juez en una videoconferencia desde Miami (Estados Unidos), en la que negó haber defraudado a Hacienda.
La querella de la Fiscalía la acusaba de usar un entramado societario para eludir el pago de impuestos en las declaraciones del IRPF y de patrimonio de 2018, cuando la artista estaba a la espera de sentarse en el banquillo de los acusados por una primera causa abierta por fraude fiscal.
En ese juicio, el pasado mes de noviembre, la cantante colombiana aceptó el pago de una multa de 7.8 millones de euros (8.4 millones de dólares), tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria que le evitó el ingreso en prisión, tras asumir que defraudó 14.5 millones de euros (15.6 millones de dólares) entre los años 2012 y 2014.
La querella cuyo archivo pide ahora la Fiscalía sostiene que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria 5.3 millones de euros (5.7 millones de dólares) del IRPF, correspondientes a los ingresos de su gira internacional de 2018 ‘El Dorado’, cuando vivía en España, así como por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773,600 euros (unos 830 mil dólares) en el impuesto de patrimonio por los 12 millones de euros (12.9 millones de dólares) que posee en inmuebles y activos financieros.
Para defraudar al fisco, según la querella de la Fiscalía, la querellada se sirvió de un entramado societario y presentó “declaraciones inveraces” del IRPF, en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota fiscal.