La reducción del 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 es parte de los compromisos de Panamá para enfrentar el cambio climático, cuyos efectos ya representan desafíos para el abastecimiento de agua, la producción de alimentos, las viviendas y las actividades económicas del país.
Para alcanzar esta meta, el país impulsa iniciativas relacionadas con la transición energética, la movilidad eléctrica y la reducción de emisiones en sectores productivos, según explicó Mirta Benítez, del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente (Miambiente).
Entre las acciones vinculadas a las iniciativas mencionó la promoción de fuentes de energía renovable, como la energía solar y eólica, así como el uso de vehículos eléctricos. Destacó el crecimiento de la capacidad solar conectada, que, según indicó, ha aumentado un 40 %, así como las iniciativas para reducir las emisiones provenientes de los gases refrigerantes utilizados en equipos de aire acondicionado. Y en el caso de los vehículos 100% eléctricos, señaló que el parque acumulado de vehículos sostenibles, pasó de unos 300 en 2022 a cerca de 2,400 en 2025.
Este impulso a la movilidad eléctrica también está respaldado por la Ley 295 de 2022, que establece medidas e incentivos para promover la transición del transporte terrestre de combustión interna hacia vehículos eléctricos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La normativa establece que las instituciones públicas deberán incorporar progresivamente vehículos eléctricos en sus flotas administrativas, hasta alcanzar un 25 % en 2027 y un 40 % en 2030. Para las nuevas flotas de transporte público colectivo y selectivo, fija porcentajes mínimos del 20 % para 2027 y del 33 % para 2030.
En el sector agropecuario, la funcionaria explicó que se desarrollan medidas para disminuir las emisiones asociadas con la producción de arroz y promover prácticas ganaderas más sostenibles, mediante trabajos coordinados con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).
La meta del 11 % forma parte de la tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN3), documento que reúne los compromisos climáticos del país en el marco del Acuerdo de París. Según Miambiente, esta reducción podría alcanzar el 17 % si Panamá recibe apoyo financiero y técnico internacional para implementar las acciones previstas.
Entre los compromisos ambientales también se contempla la restauración de 100,000 hectáreas de ecosistemas entre 2026 y 2035, incluidas 2,500 hectáreas de manglares degradados.
Sin embargo, reducir las emisiones es solo uno de los desafíos que enfrenta Panamá. Las sequías, las inundaciones y las alteraciones en los patrones de lluvia también representan riesgos para las comunidades, por lo que el país debe fortalecer sus medidas de adaptación frente al cambio climático.
En este sentido, Edna Flores, jefa del Departamento de Acción Climática de Miambiente, explicó que enfrentar esta situación requiere proteger los recursos hídricos, los cultivos, las zonas costeras y las comunidades expuestas a los riesgos climáticos.
“Actuar es imperativo: debemos reducir las emisiones y, al mismo tiempo, preparar al país frente a los impactos del cambio climático”, destacó Flores.
Consecuencias del cambio climático
De acuerdo con Benítez, hasta el momento se han identificado seis consecuencias principales del cambio climático en Panamá.
Alteraciones en los patrones de lluvia
Aumento de las temperaturas
Afectaciones a la disponibilidad de agua
Aumento del nivel del mar
Pérdida de biodiversidad
Desplazamientos humanos y pérdidas económicas y culturales
Adicionalmente, resaltó que estas consecuencias pueden ocasionar pérdidas económicas y culturales. Detalló que los efectos no se manifiestan de igual forma en todo el territorio, pues mientras algunas áreas podrían experimentar un aumento de las precipitaciones, otras, como la península de Azuero, podrían enfrentar una disminución de las lluvias.
A esto se suma el aumento de las temperaturas, que representa un riesgo para la salud de la población, especialmente para los adultos mayores, los niños y las personas que trabajan al aire libre, debido a la exposición prolongada al calor.
Por su parte, las afectaciones a la disponibilidad de agua no solo tendrían consecuencias para el consumo humano, sino también para las operaciones del Canal de Panamá, donde las variaciones en los niveles de agua pueden afectar el tránsito de los buques.
Benítez también advirtió sobre las consecuencias del aumento del nivel del mar para las comunidades costeras, tanto del Caribe como del Pacífico, debido a los riesgos de inundaciones y la intrusión de agua salada, que pueden afectar las viviendas y los terrenos destinados a la producción agropecuaria.
Entre las situaciones más complejas mencionó los desplazamientos humanos relacionados con los efectos del cambio climático, como los registrados en Guna Yala, donde comunidades han tenido que enfrentar procesos de reubicación.
Medidas para proteger a las comunidades
Aunque Panamá mantiene su condición de país carbono negativo, de acuerdo con la información compartida por Miambiente, esto no significa que esté exento de sufrir las consecuencias del calentamiento global.
Según el ministerio, con base en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en 2021 el país emitió 20.5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el balance de absorciones y emisiones del país fue negativo en 6.8 millones de toneladas.
Estos datos reflejan la importancia de conservar los ecosistemas naturales y, al mismo tiempo, reducir las emisiones provenientes de actividades como la generación de energía y los procesos industriales.
De acuerdo con Benítez, Miambiente también desarrolla proyectos para identificar las zonas más vulnerables y fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades frente al cambio climático.
Una de las principales herramientas es el Atlas Nacional de Riesgo Climático, que permite identificar amenazas y orientar las medidas de prevención en los distintos territorios.
Por su parte, el proyecto Cuencas Resilientes busca implementar soluciones basadas en la naturaleza para reducir las afectaciones a los productores agrícolas y pecuarios, principalmente en las cuencas de los ríos Parita, Chiriquí y Grande.
La funcionaria advirtió que, si no se fortalecen las acciones de adaptación durante los próximos cinco o diez años, Panamá podría enfrentar mayores dificultades en el abastecimiento de agua, pérdidas en la producción agropecuaria y daños a viviendas ubicadas en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.
Ante este escenario, destacó la importancia de involucrar a las instituciones públicas, los gobiernos locales y las comunidades para reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta del país frente al cambio climático.
Las medidas ambientales que impulsa nuestro país encajan con las discusiones de la decimoséptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que se desarrolla del 19 al 30 de octubre en Ereván, Armenia.
En el marco de este encuentro internacional, el Ministerio de Ambiente figura entre los colaboradores de una iniciativa destinada a promover el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y fortalecer la cooperación entre los países para su protección.
