Un juez anuló este lunes la suspensión de la red social Telegram en España que él mismo había decretado como medida temporal tras una demanda de grupos audiovisuales, al considerarla excesiva por su efecto para numerosos usuarios.
El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz dejó sin efecto la orden de bloqueo cautelar de la plataforma de mensajería tras reconsiderar su postura y constatar que se trataba de una medida “no proporcional”.
En un nuevo auto, el magistrado revoca la orden de suspensión temporal acordada el pasado viernes a raíz de una denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus+, que acusan a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.
Pedraz reconoce ahora que “a raíz de la publicación en medios de todo tipo del acuerdo de suspensión, se constata un hecho notorio que este instructor no puede ignorar: la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión”.
Su decisión se apoya en un informe que había solicitado a la Policía española sobre la incidencia para los usuarios de la suspensión cautelar.
Según Pedraz, “si se acordara la suspensión, lo cierto es que supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas), pues además de haber residenciado multitud de datos a los que ya no podrían tener acceso, en muchos casos se les impediría realizar labores de índole profesional”.
Además, “como se sigue del informe policial, la medida cautelar contra Telegram tendría un cierto impacto económico” para las empresas que la utilizan al considerarla “un canal fiable y seguro”.
“No se trata de libertad de expresión o información, sino si la medida es o no proporcional”, admite.
Al acordar el bloqueo, con el informe favorable de la Fiscalía, el juez exponía que las autoridades de las Islas Vírgenes británicas, donde está la sede social de la empresa, no han colaborado con una comisión rogatoria enviada a Telegram.
Esa falta de información, argumentaba, no le permitía continuar instruyendo la causa, por lo que tomó la decisión de bloquear la plataforma para evitar “la reiteración de los hechos denunciados”.
La suspensión temporal había sido criticada desde diversos ámbitos profesionales y políticos en España, como el Consejo de Ingenieros Informáticos, la organización de consumidores Facua, los partidos Vox (extrema derecha) y Podemos (izquierda) y expertos del sector digital.