En las décadas de 1970 y 1980, trabajé como antropólogo en la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad, y con la Dirección General de Planificación Económica de la Presidencia. Entre mis labores estaban, evaluar proyectos de desarrollo rural, la demarcación de las comarcas indígenas y las áreas protegidas del país.
Durante mis giras de campo llevaba en la mochila: mosquitero y manta comprada en La Villa de Caracas, poncho, dos mudas de ropa, foco, brújula, cámara, medicamentos, antídoto antiofídico brasileño y un frasquito de Culebra Crogoe, pócima para mordidas de serpientes que en Kankintú me obsequió Luciano Stonestreet, famoso curandero del río Cricamola. Me recomendó que si me picaba una serpiente venenosa y en luna llena, debía tomar una cucharada sopera calentándola con un fósforo o tizón. De no cesar la hemorragia, tomar otra cucharada, quedarme en cama, solo beber líquidos y no ver mujeres.
Llevaba también mapas distritales de la Dirección Nacional del Censo, los mejores, mostrando los caminos de a pie, los ríos y sus vados, los caseríos y cerros importantes.
El objetivo de estas giras a pie era identificar las necesidades más sentidas de la gente y su nivel de organización para acometer pequeños proyectos como escuelas, puestos de salud, zarzos y mejoras a los caminos.
A la serranía del Tabasará entré en el invierno de 1970 con mi baquiano y lengua traductor Marcos Quintero Bejarano, dirigente guaymí de Cerro Iglesias. Llegamos a un caserío al norte de Tolé donde 10 días antes cinco niños se habían ahogado en la quebrada Tambor, al regresar a casa de la escuela; tragedia frecuente en esta región lluviosa, empinada y de ríos pedregosos.
De todo faltaba en estas comunidades, salvo las hambrunas y epidemias si una sequía destruía las cosechas. Pero la gente me decía que su mayor necesidad era la comarca, es decir, la seguridad sobre la tierra. Desde la construcción de la Interamericana entre Santiago y David, en la década de 1960, los latinos avanzaban desde el sur cercando las tierras para potreros.
Este acaparamiento de tierras me llevó a ocuparme de recabar información sobre las leyes de Panamá acerca de los indígenas durante la colonia, en tiempos de Colombia y con la república desde 1903. Ya que las constituciones son un tema medular, entrevisté a reputados constitucionalistas. Uno de ellos profesor en la Universidad Santa María la Antigua, fundador del Movimiento Acción Comunal, ministro de educación, diputado a la Asamblea Nacional, candidato a la presidencia y de los que redactaron la carta de la Organización de Estados Americanos. Su nombre, Víctor Florencio Goytía Alvarado, nacido en Soná en 1899.
Aproveché la publicación de su trilogía Panamá en El siglo XIX, para llamarlo, felicitarlo por su nueva obra, presentarme y explicarle lo que en mente tenía. Dijo que estaba jubilado, un poco mal de salud, pero me recibiría en su casa en Punta Paitilla. Al enterarse que mi mamá era maestra y había venido manejando desde Chiriquí a visitarme, me dijo que la trajera para cenar.
Encontré fascinantes sus historias sobre Panamá en los primeros 50 años de república. Tanto así que se me olvidó el tema del cual quería hablarle. Me sorprendió que me pidió que le hablase sobre los ríos donde habitaban los indígenas tal como el Tuira, Chucunaque, Cricamola, Teribe, Fonseca, el Calovébora, y de la serranía del Tabasará.
El 10 de marzo de 1976 volví a entrevistarlo. Esto me comentó sobre las constituciones y las comarcas indígenas de Panamá.
“Hemos tenido muchas constituciones durante los siglos 19 y 20. Pero desafortunadamente unas son copias casi textuales de otras. ¿Por qué? Porque obedecían a los intereses personales de un personaje que quería ampliar su periodo presidencial. El caso de las leyes dirigidas a las comunidades indígenas ha sido solo reflejo de un problema de nuestra jurisprudencia constitucional, desconocimiento de nuestras realidades sociales. Se hacían leyes sin estudiar, ni conocer las realidades sociales y culturales de nuestro país. En consecuencia, esas leyes al ser puestas en práctica chocaban con la realidad social. Este desconocimiento es trágico porque qué es la ley sino una cristalización de las costumbres y tradiciones sancionadas por un pueblo. Si se dicta una ley que no concuerda con la realidad social de su medio, entonces hay conflicto inevitable entre la ley y el medio. No se puede aplicar. Es decir, entonces, las leyes de la república sobre indígenas se establecían sin estudiar primero las culturas a las cuales iban dirigidas. ‘Territorio’, ‘Circunscripción’ y ‘Comarca’ son conceptos utilizados para describir un área que no embona fácilmente con la división político y administrativa civil del país. Por ejemplo, que en nuestro caso es provincia, distrito, corregimiento, regimiento. Por tanto se utilizan estos términos para expresar estas realidades. En una comarca hay una realidad cultural única. Pero en un circunscripción o territorio puede haber varios grupos culturales”.
Al recordar la forma culta y educada de hablar de Don Víctor Florencio Goytía, con la forma de expresarse de algunos de los diputados a la Asamblea Nacional en este siglo XXI, pienso en cuánto ha retrocedido nuestra cultura política.
