El nombramiento de Lourdes Castillo como directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estaría pasando por encima de las regulaciones internas de la entidad, que administra el activo más importante de los panameños.
De acuerdo con el Reglamento de Ética y Conducta de la ACP, los miembros de la junta directiva y los trabajadores del Canal no deberán “poseer intereses financieros que estén en conflicto con el desempeño de las funciones de su cargo”.
Apegados al artículo 6 del Reglamento, la designación de Castillo en la junta directiva representaría un conflicto de interés, de acuerdo a fuentes consultadas en este tema.
Castillo es representante de la empresa Naves Supply S.A., que tiene un contrato con Panamá Ports Company (PPC) para el procesamiento de la basura que se recoge de los barcos que atracan en el puerto de Balboa.
“Definitivamente el nombramiento de Castillo representa conflicto de intereses. No solo por el servicio que se brinda en el puerto, sino porque sus clientes finales son los buques que pasan por el Canal”, sentenció Carlos Ernesto González De la Lastra, exsecretario de la Autoridad Marítima de Panamá.
“No sabemos si estará sentada allí [en la directiva de la ACP] para pedirle a los navieros recogerles el excedente de basura de sus buques. Hay demasiadas interrogantes en esto”, dijo.
Otras fuentes advierten de que Castillo, por su relación con PPC, tendría en la directiva del Canal poder de decisión e información que impactaría a la industria para la que trabaja.
La Prensa contactó telefónicamente a Castillo, pero prefirió no dar declaraciones.
Tres exdirectivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Eloy Alfaro, Guillermo Quijano y Antonio Domínguez, sumaron sus voces a los que cuestionan la poca trayectoria que se le conoce a Lourdes Castillo, y Henri Mizrachi, nombrados por el Ejecutivo en la junta directiva de la vía interoceánica.
Alfaro dijo que la ciudadanía espera que por la importancia que representa la administración del Canal, sus directivos deben tener una trayectoria de capacidad demostrada.Quijano advirtió que con estas designaciones “quedamos cojos” en el Comité Legal [de la directiva de la ACP], que es de suma importancia, pues hoy día solo se cuenta con un abogado, que es Adolfo Ahumada.“Ninguno de los tres es abogado”, señaló. Antonio Domínguez hijo opinó que allí “no se deben nombrar amiguitas o a gente que vaya a trabajar desde el punto de vista político”.
Ayer, tres fuentes del Ejecutivo confirmaron que Castillo es asidua visitante al Palacio de las Garzas y forma parte de un grupo allegado al Presidente, integrado por la zarina anticorrupción, Abigail Benzadón, y Aurora Muradaz, quien no ocupa cargo público.