El empresario Mayer Mizrachi Matalon, requerido por la Fiscalía Primera Anticorrupción por la presunta comisión de delito contra la administración pública en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), no tendría intención de regresar a Panamá.
Detenido en Bogotá, Colombia, el pasado 29 de diciembre, Mizrachi logró su excarcelación el pasado miércoles, en momentos en que se tramitaba su deportación a Panamá, por haber excedido el periodo de 90 días para permanecer legalmente en el vecino país. El jueves, Mizrachi solicitó asilo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de su abogado Alexander Vernot. Alega ser un perseguido político del presidente Juan Carlos Varela e invoca el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”.
“El actual gobierno de la República de Panamá ha asociado y endilgado parentesco familiar a Mayer con el expresidente Ricardo Martinelli [con quien no tiene ninguna relación de ningún tipo]; debido a que su padre, Aron Ronny Mizrachi, divorciado de su madre, sostiene una relación sentimental con la señora Analida Martinelli, hermana del expresidente de Panamá, desde hace varios años”, señala Vernot en la nota dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.
“Mayer ha sido informado de que en Panamá no hay garantías legales en este momento, ni le serán respetados sus derechos, como en efecto ha ocurrido con muchos otros casos de personas asociadas por el gobierno actual con el anterior gobierno de Martinelli”, agrega Vernot.
Esta semana, el Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó levantar la orden de captura y extradición dictada contra Mayer. Previamente, en enero pasado, el mismo tribunal lo favoreció con una fianza de excarcelación de $100 mil. También tiene medida cautelar de impedimento de salida del país.
Migración Colombia presentó una denuncia penal contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario colombiano, por no haberle entregado a Mayer Mizrachi luego de su excarcelación del penal La Picota, el pasado miércoles.
El joven empresario es investigado por supuestamente recibir dinero del Estado sin brindar el servicio contratado: la instalación de un software (Criptext) para cifrar mensajes en los celulares del personal de los estamentos de seguridad. Por ese servicio, la AIG pagó $211 mil 850 a Innovative Venture, la empresa de Mizrachi.
La audiencia preliminar está programada para el próximo 26 de agosto.
Por este caso, también están imputados el exdirector de la AIG, Eduardo Jaén, y los exfuncionarios Adonay Ortega, Eduardo Briceño y Edgar Rodríguez.
