La batalla judicial por el intento de desvío de unos $25 millones en coimas en las adjudicaciones a Finmeccanica por parte del gobierno de Ricardo Martinelli se libra ahora en dos escenarios paralelos y contemporáneos.
En Panamá, el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, deberá responder ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción de sus responsabilidades como titular del ministerio que negoció en secreto las compras a la empresa italiana e ignoró deliberadamente el escándalo del pago de comisiones a Agafia.
En Roma, Valter Lavítola, mediador entre Italia y Panamá, y Paolo Pozzessere, exdirector comercial de Finmeccanica, están llamados a declarar ante el Colegio de Jueces de la Segunda Sección Penal del Tribunal de Roma, presidido por la juez Adele Rando, acusados de maniobrar la coima del 10% del monto total del contrato valorado en $250 millones que debía ser depositada en la sociedad Agafia.
Los testigos Giovanni Meliadó, exabogado de Lavítola que constituyó una filial de la sociedad Agafia en Sofía (Bulgaria), y Elena Napolitano, responsable de operaciones comerciales en Finmeccanica, confirmaron en sede judicial que el conglomerado italiano debía pagar $25 millones “de comisión” a Agafia Corp. Panamá.
Lavítola pasa sus días en una celda de la cárcel de Poggioreale en Nápoles, de la que solo sale en furgón policial y vigilado por agentes de la policía penitenciaria. A pesar de llevar más de mil 200 días en prisión, fuentes judiciales afirman que nunca ha colaborado con la justicia.
Igualmente, se conoció que el abogado que Lavítola despidió aceptó defenderlo por “razones humanitarias”.
Maurizio Paniz, el abogado y exparlamentario de Forza Italia, el partido que lidera Silvio Berlusconi, ha interpuesto un recurso ante la Corte de Apelación de Nápoles contra la resolución judicial que en diciembre pasado condenó a Valter Lavítola a tres años de prisión por extorsión de Impregilo a instancias de Ricardo Martinelli.
El órgano jurídico de segunda instancia deberá revisar la sentencia y en su caso corroborarla o impugnarla en los próximos meses. El fallo confirmó a Lavítola como el “portavoz” de las amenazas del expresidente de Panamá contra la empresa italiana para que financiara el hospital pediátrico de Veraguas, prometido por Berlusconi, y señaló a Martinelli como el verdadero extorsionador.