El procurador de la Administración, Rigoberto González, aseguró que no tiene la competencia para pronunciarse sobre si es viable o no que el presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Jorge Iván Arrocha, le quite a la diputada Zulay Rodríguez las copias de las denuncias contra el magistrado José Ayú Prado.
A través de una nota, a manera de respuesta a la consulta que elevara Zulay Rodríguez, el pasado 1 de febrero, el procurador dijo que le es prohibido manifestarse "por tratarse de actuaciones judiciales que la propia Constitución Política y la Ley, le atribuyen con carácter privativo y especial a la Asamblea Nacional, en el ejercicio de su función jurisdiccional".
Destacó que la ley solo le permite ver y pronunciarse en temas administrativos, no judiciales.
Además, toda consulta que provenga del Órgano Legislativo debe ser elevada por el presidente de la Asamblea Nacional, pues es la máxima autoridad de esa institución.
El 1 de febrero pasado, Rodríguez presentó ante la Procuraduría de la Administración una consulta legal sobre la actuación de Arrocha, en los procesos que le siguen al magistrado de la Corte Suprema José Ayú Prado.
En el período pasado de sesiones Rodríguez fue comisionada para que evaluara la posible acumulación de cinco denuncias que había presentado el juez penal de adolescentes, Juan Domingo Ibarra, contra Ayú Prado por haber ordenado una investigación en su contra que concluyó en la separación del juez.
La semana pasada, el diputado Arrocha le estableció un plazo a Rodríguez para que entregara un informe sobre los expedientes que se le habían entregado hace ocho meses.
