Sede de la OEA
Ese día, en Washington, Estados Unidos, los cancilleres de la región, reunidos en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), iniciaron la sesión con la lectura del informe que preparó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la crisis panameña.
A la OEA siempre se le recriminó su inacción ante la crisis política panameña. Pero el documento de la Comisión fue contundente: pidió el cese de la violencia y hostigamiento contra la población civil por parte de las Fuerzas de Defensa, la policía y grupos armados. “También de manera inmediata deben cesar las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes infringidos por las Fuerzas de Defensa a las personas privadas de su libertad”, señala el documento.
En adición, se “recomendó” la reapertura de los medios de comunicación censurados, el retorno de los exiliados y la excarcelación de los presos políticos, incluyendo a los militares que intentaron deponer a Manuel Antonio Noriega.
La Comisión igualmente pidió el restablecimiento del ordenamiento constitucional, luego de la declaratoria de nulidad de las elecciones generales del 7 de mayo y la instalación de un gobierno “provisional”, presidido por Francisco Rodríguez y controlado directamente desde la Comandancia.
El gobierno panameño veía venir el resultado adverso de este informe, y recurrió a la vieja táctica de desacreditar al mensajero.
Antes de que el documento fuera presentado en la Asamblea General, el canciller encargado Abelardo Carles remitió una nota en la que adujo que la comisión se manejó “con un criterio político ideologizado” y que limitó su atención a aquellos derechos “que se relacionan directamente con un concepto de democracia circunscrito al gobierno que emana de un proceso electoral conforme a la tradición de las exigencias estadounidenses”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos replicó que tales apreciaciones reflejan “un desconocimiento a las obligaciones internacionales asumidas por Panamá en materia de derechos humanos”. De hecho, recordó que Panamá es signataria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –la misma que ahora intenta desconocer- desde el 22 de julio de 1978.
El Departamento de Estado estadounidense también reaccionó al informe, al que calificó como una “acusación devastadora” de la indiferencia del régimen de Noriega por las garantías individuales más fundamentales.
Pero la Asamblea General de la OEA no hacía más que empezar. En los días siguientes, la crisis política panameña ganaría mayor presencia en la agenda de la organización, ante la presión de países como Estados Unidos y Costa Rica, que ya empezaban a proponer un aislamiento diplomático común para repudiar a Noriega.