El New York Times publicó una entrevista en la que el general (retirado) Rubén Darío Paredes confirmó lo que la oposición panameña y la comunidad internacional venían denunciando con creciente intensidad: que Manuel Antonio Noriega estaba involucrado en el narcotráfico, el fraude electoral de mayo de 1989 y el asesinato de líderes opositores, como el doctor Hugo Spadafora Franco, decapitado el 13 de septiembre de 1985.
El NYT publicó la nota el 17 de noviembre; Noriega estaba de visita oficial en Argentina y las Fuerzas de Defensa guardaron estricto silencio. No hubo una sola réplica o reacción.
El diario otorgó a estas declaraciones un “peso especial”: Paredes fue parte del régimen militar que asaltó el poder constitucional en 1968 y había sido aliado de Noriega, hasta que éste le traicionó cuando le retiró el respaldo a su hipotética candidatura presidencial en las elecciones de 1984. Una relevancia similar al coronel (retirado) Roberto Díaz Herrera, el primer egresado de las Fuerzas de Defensa que dijo públicamente que Noriega era un asesino.
Paredes respaldó todos los señalamientos de Díaz Herrera, menos uno: que Noriega tuvo participación en la muerte de Omar Torrijos, ocurrida en 1981. Dijo estar convencido que se trató de un “accidente” y dijo que la teoría de la conspiración defendida por Díaz Herrera eran parte “de un exceso de ira”.
También pronosticó que Noriega –a quien se refirió como un enfermo mental- acabaría con las instituciones militares, ya que su intransigencia en abandonar el poder conduciría al país a un “desenlace violento”, como en efecto ocurrió el 20 de diciembre, cuando Estados Unidos intervino con sus tropas.
Mientras tanto, en Washington, discurría la Asamblea General de la OEA, con un balance no tan grave para Panamá: aunque los países miembros acordaron una resolución que censuró al régimen militar y condenó las violaciones a los derechos humanos, perdió fuerza la propuesta de Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela de establecer un cerco diplomático contra Panamá y ordenar el retiro de todos los embajadores regionales acreditados en el país istmeño.