Foto de Archivo donde aparece el entonces general Manuel antonio Noriega rodeado de altos mandos del estado mayor. Archivo.
Manuel Antonio Noriega afianzaba su poder. Pese a las dos intentonas militares por expulsarlo del cargo –una febrero de 1988 y otra en octubre de 1989-, a las acusaciones de narcotráfico de un jurado de Miami y al bloqueo de cuentas bancarias ordenado por el gobierno estadounidense, el comandante fue acumulando unos poderos extraordinarios, nunca vistos hasta entonces.
El día antes, 23 de noviembre, Noriega fue elegido “coordinador” de la Asamblea Nacional –integrada por 510 representantes de corregimiento-, lo que le facultaba para convocar a ese organismo, con poder suficiente para declarar la guerra, revisar tratados internacionales, conceder amnistías y recomendar “medidas” para hacer frente a lo que en los cuarteles llamaban agresión por parte del gobierno de George Bush.
Con la clase castrense empoderada, en cualquier momento cualquier militar dictaba órdenes a un ministro de Estado; cualquier coronel le decía al presidente “provisional” Francisco Rodríguez qué tenía o no que hacer.
Pero había más por venir: el 15 de diciembre, la Asamblea designaría a Noriega como jefe de Gobierno, con poderes indefinidos y descaradamente superiores a los del presidente de la República. Rodríguez quedó ejerciendo un papel desfigurado, limitándose a representar la imagen de Panamá en el extranjero y tener trato protocolar con otros presidentes de la región.
Estados Unidos reaccionó con más sanciones económicas. Al congelamiento de cuentas bancarias se sumó la prohibición de que barcos con bandera panameña atracaran en puertos estadounidenses. La medida se ejecutaría a partir del 1 de febrero de 1990.