Las investigaciones oficiales por el homicidio del mayor Moisés Giroldi fueron cerradas el 6 de octubre, dos días después de ser fusilado en el cuartel de las Fuerzas de Defensa en Tinajitas, San Miguelito.
Las pesquisas iniciaron en la mañana del 4 de octubre, cuando el fiscal auxiliar de aquella época, Mario Ballesteros, y su secretario general José García Acevedo se desplazaron a Tinajitas, para el levantamiento del cadáver. El doctor Roger Montero se encargó del informe de necropsia, en el que anotó como causa de muerte un shock hemorrágico producido por heridas de proyectil de armas de fuego. También se apersonaron el procurador Carlos Villalaz y los secretarios José Hernando Bal, Rubén Troetch y Gabriel Carreira.
“Todos ellos se percataron de que el mayor Giroldi había sido asesinado en el cuartel de Tinajitas y no en combate en el Cuartel Central, como se hizo de conocimiento en el Parte de Guerra”, concluyó Danilo Montenegro, fiscal cuarto superior, en su vista fiscal del 24 de mayo de 1990.
Carlos Augusto Villalaz, procurador de la dictadura militar. LA PRENSA/Archivo
Para Montenegro, los personeros del Ministerio Público incurrieron en el delito de encubrimiento y como ejemplo de ello citó que Villalaz, al percatarse que los tiros a Giroldi fueron por la espalda, acordó la versión que éste había intentado fugarse y por eso fue baleado. “La unidad que lo custodiaba tuvo que abrirle fuego”.
Montenegro condujo las investigaciones en remplazo de Ballesteros cuando estas se reanudaron el 27 de diciembre de 1989, una semana después de la invasión estadounidense.
El 15 de febrero de 1991, Montenegro dictó encausamiento criminal contra Manuel Antonio Noriega, Heraclides Sucre y Ramón Eduardo Díaz De León por los cargos de homicidio, privación de la libertad individual y asociación ilícita para delinquir, y contra Camilo Vega Castillo y Lucinio Miranda, por complicidad.
El 6 de febrero de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia condenó a Noriega y a Sucre a 20 años de prisión cada uno; absolvió al resto.