Controversia o disputa. A Panamá no le molesta que le denominen paraíso, pero buena parte de sus ciudadanos repudia el apelativo de “paraíso fiscal”. Como ha resuelto el Gobierno colombiano llamarlo. “Paraíso fiscal”, según esa postura, porque capta capitales otorgándole beneficios tributarios a los capitales de otro país. Panamá asegura que es igual la tabla para los locales y los foráneos.
Se ha limpiado esa imagen de “paraíso fiscal” en los últimos lustros, sobre todo con naciones europeas. La denominación es realidad y es percepción. Los negocios en Panamá ha ido bien, con un crecimiento económico envidiable, mas no así elevación del desarrollo económico, factor que ha atraído inversión colombiana maciza, con el desembarco de empresas fuertes. Más de 6 mil 500 millones de esa inversión están depositados en bancos del Centro Bancario Internacional.
En materia de territorios uno no elige al vecino. Hemos tenido que lidiar con él y no será diferente en el futuro. Lo que hoy es Panamá antes fue un gran canal, no sé si de 200 kilómetros, y allí emergimos del mar, y nos topamos con la hoy Colombia. Y tenemos una historia común. Somos un punto de confluencia entre las distintas culturas, que, además, lo han adoptado de paso, durante siglos.
Cada tiempo, por el movimiento de las placas tectónicas, nos acercamos, en milésimas, a Bogotá, que pudo haber dejado de ser la capital del vecino. Cuando Panamá, de la mano de Estados Unidos, abandonó la unión en 1903, después de ocho décadas, una comitiva colombiana se dirigió ante los jerarcas panameños para ofrecerle a nuestra ciudad ser la sede del Gobierno de Colombia.
Durante 10 años, Colombia no aceptó esa nueva situación, hasta que Estados Unidos negoció que estableciera relaciones con Panamá, le desembolsó 25 millones de dólares, como indemnización por la “pérdida” del país, y le ofreció tránsito gratis por la via interoceánica para el traspaso de material de guerra y buques de guerra.
Mes y medio antes de la entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter, en octubre de 1979, el general Torrijos y el presidente López Michelsen firman el tratado de Montería, mediante el cual se reedita esa concesión de tránsito gratuito otorgada en 1914. Colombia se ahorra 30 millones de dólares al año. Torrijos indicó que esa concesión, que la tiene también Costa Rica, agradecía el apoyo colombiano y de López a la causa de la soberanía panameña, en especial durante la negociación de los tratados.
Una de las represalias por el mote de “paraíso fiscal” es la denuncia panameña de ese tratado. La causa es el interés colombiano de obtener información tributaria de los inversionistas de aquel país en Panamá. Roza la solicitud con el eje del centro bancario, el secreto de las cuentas, su confidencialidad, que es defendido a capa y espada por el Estado y los actores del Centro Bancario Internacional.
La amenaza panameña de retaliación o ley de retorsión implicaría la restricción de las importaciones (el 6% de las exportaciones colombianas tienen como destino Panamá) y establecer un visado a los colombianos que quieran visitar Panamá. Las importaciones (petróleo, productos agrícolas, agroindustriales, plásticos, químicos y maquinaria) no significan mucho, y Panamá tendría que buscar otros proveedores, de repente en Estados Unidos o China. Decretar el visado desincentivaría el viaje de colombianos a Panamá, una de las más altas tasas de turismo: se calcula que 300 mil visitan al año este país. Una controversia que apenas empieza.