Entre las naciones del planeta, Panamá integra la lista de campeones de inequidad entre quienes tienen muchas riquezas materiales y los que nada tienen. No somos los más pobres. Según el índice de desarrollo humano, el nuestro es medio y no estamos en la cola en Latinoamérica. La brecha, no obstante, en la distribución de riquezas sí es enorme. Conviven una Holanda y un Haití. Somos el País H.
El crecimiento económico de Panamá, por otro lado, es envidiable. Hemos llegado a tener índices anuales sostenidos de 10 puntos. Similar al que ha mantenido China por años. Ese índice ha frenado el aumento del número de pobres. El crecimiento, sin embargo, no se ha conseguido en desarrollo, en mejora en las condiciones de vida de la población.
En medio de este retrato, asistimos a una elección clave para el futuro del país: nos debatimos entre democracia y autocracia.
Si optamos por la primera, habrá que reformar la Constitución y establecer criterios para una selección de magistrados independientes del Poder Ejecutivo, así como los responsables del Ministerio Público y de la Contraloría.
Con el voto, debemos asestarle un golpe a una de las prácticas más perniciosas en el devenir nacional, el llamado transfuguismo. Se adoptan todas las providencias para garantizar la pureza del voto y, a la vuelta de la esquina, quienes han sido beneficiados con la voluntad popular hacen añicos esa representación. Es un cáncer metástasis para la democracia. No al tránsfuga.
Nuestra lucha empieza por elegir bien, y decirle no al tránsfuga y, a la par, romper con la brecha de inequidad.
Combatir la brecha existente en la que están en el extremo de miseria los grupos originarios y demás excluidos tanto en áreas rurales y urbanas.
Nuestra lucha hoy es por la equidad entre quienes vivimos en este país, contra la exclusión, por establecer una institucionalidad, romper vicios sociales, como el transfuguismo, el clientelismo y la corrupción; mejorar las relaciones de trabajo y defender nuestro patrimonio medioambiental, el despotismo y las bandas organizadas de la criminalidad, que son plataforma del narcotráfico y de la drogodependencia, que perjudica a nuestra juventud.
En el momento en que vivimos, con una realidad mundial tan determinante, debemos propiciar un nuevo contrato social, un nuevo código ético entre nuestros compatriotas.
Somos, por naturaleza e historia, una nación de paz, de empuje, de concertación. Ese contrato debe incluir la perspectiva ambiental, la seguridad alimentaria y ser autosuficientes, así como la seguridad económica.
Esta agenda, que debemos reinventarla, debe tener como base la diversidad, el carácter integral de nuestra comunidad y de nuestra condición humana, así como el respeto esencial por los derechos humanos, consagrados en distintas normas nacionales e internacionales y, sobre todo, partir del derecho a disentir, debatir y concertar.
La soberanía popular la depositamos en quienes elegimos en los comicios, momento cumbre en nuestras vidas. No podemos elegir a cualquiera que nos represente. Alejemos nuestro voto del juegavivo, de la lacra, del transfuguismo, de la maldad.
Votemos contra el Caín que se ha incrustado en la clase política nacional: que solo le interesa la codicia y su bienestar personal, en perjuicio de su deber patriótico de atender a las mayorías.
Tenemos la fuerza del voto. No somos un país de mafiosos y corruptos. Nuestro pueblo es ético y posee principios fuertes. Hagamos valer esa realidad. Expresemos lo mejor de nosotros, como sociedad, como nos unimos el 9 de enero de 1964, frente a una endemoniada agresión de tropas estadounidenses.