La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) enfrenta una terrible crisis financiera que amenaza con reducir a un mínimo la tutela de los Derechos Humanos de los latinoamericanos.
Por un equivalente a lo que el gobierno central panameño gasta en los carnavales, o a lo que el Municipio de Panamá destinó para el desfile de Navidad, todo el hemisferio americano podría contar con la tercera instancia de la justicia, por encima de las instancias nacionales, que son usualmente dos.
Los panameños somos indiferentes ante el tema de los Derechos Humanos, porque los sentimos lejanos o quizás muy abstractos. Para nosotros lo concreto es la policía combatiendo al delito o el llenado apresurado del embalse de Barro Blanco. Si se cierra un medio de comunicación o a una persona se le niega el debido proceso nos parece trivial y hasta irrelevante.
Los Derechos Humanos son intrínsecos a la vida misma. Son la cualidad esencial de la convivencia en sociedad y de una existencia libre y digna.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido por casi 40 años testigo solidario de los principales abusos y violaciones a los Derechos Humanos cometidos en Panamá, durante la dictadura y durante la democracia. Los pocos afortunados que han podido llegar a esta instancia y obtener de la CIDH un pronunciamiento favorable -que generó una decisión posterior de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, resarciendo el derecho violado o la emisión de una medida cautelar por la propia CIDH evitando mayores males-, constituyen ejemplos que han beneficiado al país.
En 1995, inicié el caso 11533 ante la CIDH buscando que la organización conociera de las violaciones a los Derechos Humanos derivadas de la destrucción del Parque Natural Metropolitano. Era apenas el segundo caso ambiental que conocía la CIDH. Eso fue una papa caliente que terminó desinflando el tiempo.
El paradigma latinoamericano de los Derechos Humanos es sumamente individualista y evita incidir sobre el modelo de desarrollo económico de los países que es, usualmente, la principal fuente de conflictos sociales y de violaciones a los Derechos Humanos.
El aprendizaje que la CIDH tuvo en materia ambiental fue importante a partir de ese caso y, en los más de 20 años transcurridos, ha empezado a meter más su actuación en temas socioambientales, como el conflicto de Barro Blanco o el de la represa de Bayano.
Todavía estamos muy lejos de tener toda la justicia que aspiramos y, sobre todo, la tutela efectiva de los Derechos Humanos en nuestro país. La CIDH es clave para el futuro de los Estados de Derecho latinoamericanos. Perder esa institución significa el triunfo de los carteles de la droga, los sicarios, los tiranos y de la barbarie. La CIDH tiene como misión la vigilancia permanente del comportamiento de los Estados, y el control del cumplimiento de los Derechos Humanos en el continente. Es el camino que nos llevará a convertirnos en países libres y democráticos.