Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración de los nazis había una leyenda en la entrada que decía: “el trabajo libera”. Esa cínica frase se ha convertido en un mantra panameño, ya que el trabajo comunitario si está liberando de las cárceles a delincuentes confesos.
El sistema penal acusatorio (SPA) y la Justicia de Paz se fundamentan en premisas culturales e institucionales que en gran medida no existen en Panamá. Darle una escoba a cada delincuente confeso a cambio de un acuerdo de pena o reducción de su sentencia, sin importar si es un violador, traficante, estafador o responsable de cualquier otra conducta delictiva, deja un pésimo sabor de boca. Los ciudadanos sentimos que hemos sido burlados, la impunidad campea y cualquier idiota sale montando patineta por encima de un indigente o escupiendo a un policía, para el aplauso y el asombro de las graderías.
El abuso de la detención preventiva es una característica perversa del sistema judicial. Panamá nunca ha dotado al Órgano Judicial y al Ministerio Público del presupuesto adecuado ni de los recursos humanos comprometidos y capacitados para la tarea que tiene que enfrentar. Eso ha causado un arrastre de décadas de injusticias e infamias, de impunidad y abuso, que nos deja con la mayoría de las personas privadas de libertad esperando un juicio que dictamine su suerte.
El SPA debería evitar ese problema. La cura debía ser un sistema apropiadamente financiado y con cientos de nuevos funcionarios dedicados a administrar justicia de forma eficiente. Lo barato sale caro. En dólares reales, el presupuesto del sistema judicial se ha estancado en la última década, mientras que la complejidad de los delitos ha aumentado. Recuérdese que desde el 2005 hasta la fecha, el país ha tenido 5 procuradores generales con una alta rotación de fiscales, que han tenido que enfrentar los delitos complejos más graves de nuestra historia, con casos que van desde el envenenamiento masivo, hasta los casos de Odebrecht, Financial Pacific y el desfile de carnaval de corrupción de los últimos gobiernos. Todo esto sin una fuerza laboral ni un presupuesto que acompañara este reto. Además, se eliminó la Policía Técnica Judicial, perdiéndose decenas de especialistas y de investigadores en criminalística, que prefirieron manejar un taxi o pegar bloques, a insertarse en las filas de la Policía Nacional.
Por otro lado, la Justicia de Paz requiere un esfuerzo de reconstrucción de las relaciones comunitarias que no existen. Los diseñadores de esta institucionalidad se imaginaron que el pandillero del barrio iba a aceptar una mediación para devolver lo hurtado a su vecino o que el bravucón de la vereda iba a pagar de buena lid los daños causados a sus prójimos. Los reformistas de la justicia pusieron su fe en las instituciones por encima de la realidad de los hombres y mujeres que debían aplicarlas.
En los países en los que ha funcionado el SPA, como en Chile y República Dominicana, ha sido porque se dio el aumento presupuestario requerido y todas las instituciones se embarcaron en el proyecto. En otros países, como Honduras y Guatemala, el sistema está rebasado y la sensación general de la población es que hay impunidad y sobre todo que los jueces se han desconectado de la realidad que viven quienes tienen que lidiar cotidianamente con el micro delito que nunca se persigue, o con los delincuentes que con la escoba en mano se burlan de la justicia. Conocí de primera mano a personas que eran autorizadas a sustituir las penas de prisión por trabajo comunitario en Estados Unidos. Es un mecanismo esencialmente aplicado a falta de policía y delitos menores, incluso el manejo bajo la influencia del alcohol. Nunca se trató ni de traficantes ni de violadores u otros delitos importantes como se está haciendo en Panamá.
Una perla para nuestra justicia “garantista”: 10 kilos de cocaína pura, son 10 mil gramos que se pueden transformar en 40 mil dosis de droga para ahogar cualquier barrio del mundo. Esto equivale a dos veces el público que puede llenar el estadio Rommel Fernández. El beneficiado con el trabajo comunitario nunca informó sobre la fuente que le proporcionó los 10 kilos de cocaína, ni colaboró para desmantelar la red logística que lo hizo posible. Sobre los chicos de Pedasí, que fueron detenidos con una pipa y 11 gramos de marihuana, solo tuvieron que pagar 400 dólares de multa cada uno, monto que ni siquiera cubre los costos policiales y judiciales de su enjuiciamiento. No hubo decomiso del carro donde se encontró la marihuana, ni tienen que presentarse periódicamente a un centro de tratamiento de adicciones o hacerse la prueba del dopaje regularmente. Nada de esto fue considerado.
El artículo No. 65 del Código Penal establece la posibilidad de sustituir la pena de prisión por la de trabajo comunitario, para aquellas condenas de hasta 5 años. El cómputo de equivalencias es de un día menos de prisión por cada 5 de trabajo comunitario. En mi opinión, pienso que esta norma está creando la distorsión de que una gran cantidad de sentencias sean de 5 años para sustituirlas precisamente por este tipo de mecanismos. Se ha perdido de vista que para que ocurra una auténtica reinserción social, la persona debe entender claramente el impacto de su comportamiento y las consecuencias de sus actos. El sistema actual de trabajo comunitario, no es precisamente el más apropiado para cumplir con dichos fines.
Traer las instituciones que rigen en Suecia y traducirlas al mundo panameño, pensando que sin ningún otro cambio cultural o institucional, en San Miguelito o en Costa del Este, un nuevo sistema de justicia más garantista será la diferencia, es ingenuo e irresponsable. Eso es exactamente lo que está pasando.
