La advertencia de inconstitucionalidad presentada por Jerry Wilson el pasado 19 de marzo, en representación de la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, no es una mentira ni una “opinión”.
Fue otro intento más de desbaratar la poca rendición de cuentas que puede haber en Panamá. La versión oficial de que ese recurso de inconstitucionalidad contenía un error, al mencionar el artículo No. 11 de la Ley No. 6 de 2002 (Ley de Transparencia), esconde un propósito funesto: darse impunidad frente a la danza de millones que han pasado por las manos de diputados y allegados.
Ese artículo No. 11 estipula que las planillas estatales son de conocimiento público. Conocerlas no es ningún atentado contra la intimidad de nadie. Con estos argumentos queda claro que ellos mienten. Pero más allá de sus mentiras, hay una verdad: ellos roban.