La historia tiene ciclos. En el año 2017, Panamá se rige por tres calendarios distintos pero simultáneos. El calendario más importante de la democracia desde 1989, es el cronograma electoral de los 60 meses del periodo de gobierno de cada presidente de la República. A este calendario que nos recuerda que el 30 de junio de 2019 se acaba el gobierno de Juan Carlos Varela, se le suma el calendario judicial de Ricardo Martinelli.
Las semanas y posiblemente meses que tome el proceso de extradición del expresidente, penderán como una espada de Damocles sobre los tiempos políticos panameños. Imaginemos que el juicio en la Corte Suprema de Justicia se realice en 2018 con toda la parafernalia que esto puede tener, el país podría quedar paralizado entre marchas y protestas. Tampoco se nos puede olvidar que la Corte puede darnos una sorpresa desagradable.
Hay un tercer calendario que es también protagonista de la vida política panameña. Este es el calendario de los múltiples casos nacionales e internacionales vinculados con la empresa brasileña Odebrecht. Aunque da la impresión de que el Ministerio Público está aplicando todas sus fuerzas para manejar estos casos, y bajarle el perfil a la tensión de las expectativas de la “madre” de todas las delaciones. Esto frustra a la población, y levanta muchas sospechas. Sin embargo, en cualquier momento este conejo se puede salir del sombrero.
Durante el último año de gobierno, los presidentes panameños están cortando cintas, repartiendo condecoraciones, y dando discursos que nadie escucha. El mandato presidencial se extiende o se abrevia, dependiendo de las expectativas del próximo torneo electoral. Dada la confusión que hay en el escenario político, y junto a los recientes cambios de la legislación electoral, pueden causar un final de cámara lenta del proceso electoral de 2019.
Para 2019, habrán transcurrido 30 años de gobiernos democráticos desde la invasión estadounidense de 1989. De ese término, 15 años habrán sido puramente panameñistas, 10 años del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y 5 años de una mezcla del Cambio Democrático (CD), el panameñismo, y los conversos a la fuerza, que mantuvieron ese gobierno cohesionado. Durante esas tres décadas, el Estado panameño hizo la transición de un Estado desarrollista, basado en la maximización de los potenciales de los recursos humanos, la posición geográfica y los recursos naturales abundantes, hacia un Estado contratista, en el cual la actividad económica predominante proviene de la distribución de licitaciones, concesiones, proyectos con fondos públicos y la extracción agotadora de recursos naturales escasos, que han generado empleos y actividad económica.
El Estado contratista, por su naturaleza intrínseca, tiende a ser corrupto y a endeudarse hasta que colapsa económicamente. Los ejemplos en América Latina y en el resto del mundo abundan.
El panorama electoral de 2019 parece definido hacia dos grandes consignas. La primera, muy probablemente se da dirigida hacia impedir en las primarias del PRD la victoria electoral de la diputada Zulay Rodríguez. De vencer esta diputada en dicha contienda, no sería sorprendente que aparezcan grupos o movimientos gritando a los cuatro vientos: “cualquiera menos Zulay”. En 2009, el “cualquiera menos Balbina (Herrera)”, nos llevó irremediablemente a Ricardo Martinelli.
Por otro lado, el partido Cambio Democrático cuenta con varios precandidatos de impacto. Desde José Raúl Mulino hasta Riccardo Francolini, el CD cuenta con dineros, músculo y cierto nivel de nostalgia de los buenos tiempos económicos, que les tocó por accidente vivir entre 2009 y 2014.
A menos de dos años del 5 de mayo de 2019, los panameños tenemos muy poco que elegir. La esperanza de que la Jornada Mundial de la Juventud y la inauguración de la línea 2 del Metro levanten la popularidad del gobierno actual, y proyecten a su candidato hacia un triunfo electoral, representa una apuesta riesgosa. Además, históricamente, ningún partido ha repetido en el gobierno.
El sector que más expectativas puede generar, es tal vez el de los independientes. Todavía hay personas que esperan la definición política de Rubén Blades, Alberto Alemán Zubieta, o incluso de Samuel Lewis Navarro, como opciones interesantes y muy razonables frente al zoológico existente.
Sea cual sea la fórmula ganadora en 2019, la nueva administración se enfrentará a un país endeudado, una sociedad fragmentada y a una expectativa de solución de las grandes cuestiones nacionales, como la seguridad social, la educación y la justicia. Este escenario aparentemente no favorece la gobernabilidad, por lo que quizás sea necesario que los ciudadanos viabilicemos la opción de cambiar el “manual del usuario” de esta República. Es tiempo de pensar en una asamblea constituyente.
Se me ocurre que podemos hacer un pequeño ejercicio colectivo: imagínese cómo quiere usted que funcione el gobierno en este país, y escriba los correspondiente artículos constitucionales que faciliten esa forma de gobierno.
Mi lista personal incluye la creación de una Corte Constitucional, la eliminación de la reelección para todos los cargos públicos, la prohibición del financiamiento privado de las campañas electorales, la autonomía constitucional de la Caja de Seguro Social y la creación de dos entidades constitucionales para atender sendos problemas nacionales: la educación y la protección ambiental.
La historia suele presentarse en ciclos. No dejemos que se repita el desastre de 2009, bien puede ser una catástrofe de la cual no nos recuperemos.