Una buena parte de la crisis fiscal y del endeudamiento público excesivo que padece el país, se debe a una exageración en el cálculo de las rentas que produciría la Ampliación del Canal de Panamá. Cuando se hizo el ejercicio de la Concertación Nacional para el Desarrollo en el año 2006 se presentaron estimados en los cuales el Canal Ampliado produciría tres mil millones de dólares en utilidades para el Estado panameño. Con esos fondos se cumpliría con una larga lista de obras y proyectos de todo tipo que en teoría llevarían a Panamá al primer mundo.
El Canal Ampliado llegó dos años tarde y los tres mil millones se convirtieron en mil 600 millones. Ese hueco en el bolsillo del pantalón es, millones más o millones menos, el déficit fiscal que el ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia debe cubrir todos los años, por vía de endeudamiento.
El agujero de las finanzas públicas y los excesos del gobierno anterior han causado que el 70% de los gastos de inversión en el Ministerio de Obras Públicas sean en el año 2017 para pagar proyectos del gobierno anterior. Algo similar pasa con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, instituciones que todavía están construyendo y pagando las ñamerías y arbitrariedades del pasado.
A corto plazo, no conozco ningún sector económico que pueda empujar a nuestra economía de manera tan fuerte como el sector logístico y marítimo. El sector turismo enfrenta retos estructurales que requieren otra arquitectura institucional para poderlo dinamizar y el agropecuario necesita de una revolución que los transforme en un puntal de alta tecnología, alta productividad y por lo tanto excelente rentabilidad. Eso no va a ocurrir con la clase de gobiernos que tenemos en este país.
Debemos entender que el negocio de Panamá debe ser obtener el mayor provecho posible de la posición geográfica de nuestro país. Las Empresas de Posición Geográfica (EPG) son las que históricamente generaron más valor y beneficio para el país. El Canal de Panamá, el Ferrocarril Interoceánico, el Aeropuerto de Tocumen, el Oleoducto Transístmico, la Zona Libre de Colón, el Área Especial Panamá Pacífico, la Ciudad del Saber, la interconexión de cables de fibra óptica por Panamá y el Instituto Smithsonian. Por mencionar los principales EPGs más relevantes.
Daniel Ortega pudo ganar las elecciones presidenciales anteriores con la mentira de que por Nicaragua un grupo chino haría un canal a nivel por 50 mil millones de dólares. Para no complicarse con más mentiras, en las elecciones de noviembre de este año, simplemente optó por excluir a los candidatos de oposición y no tener que decir cosa alguna sobre el Canal a Nivel. En cambio, el Canal de Suez amplió su cauce e hizo un baratillo con sus peajes, rebajándolos hasta en un 65% en ciertas rutas para competir con el Canal de Panamá.
La competencia de Suez y la construcción de megapuertos en Colombia, Jamaica, México, Cuba y próximamente en Costa Rica, son una competencia cierta para las EPGs panameñas. Costa Rica ha anunciado la intención de invertir 16 mil millones de dólares en un canal seco que incluiría dos megapuertos, 10 carriles de autopista, un ferrocarril de carga, un oleoducto, un gaseoducto y otras instalaciones auxiliares. Esa competencia es demasiado cercana y probablemente se comerá una parte interesante del negocio de las EPGs panameñas.
¿Cómo responder ante estos retos?
Panamá tiene mucho con que responder pero también tiene barreras institucionales y culturales muy serias que impiden dar el salto cualitativo en este tema. El modelo debía ser Singapur, sin embargo, Panamá se distancia cada vez más de ese modelo. Por ejemplo, se necesita integrar en una sola entidad la posición geográfica como un recurso estratégico. Tenemos un oleoducto al que no se le está sacando todo el provecho que se pudiera obtener de él. Junto a ese oleoducto, perfectamente se puede construir un gaseoducto.
En las propias riberas del Canal se mueven más de 6 millones de contenedores al año pero carecemos de una industria de reparación y mantenimiento de contenedores que sea de importancia regional. Ni hablar de los astilleros que bien pudieran transformar a Panamá en una pujante economía industrial, solo con el mantenimiento y las reparaciones menores de los barcos que se mueven en la región.
El potencial de los cables de fibra óptica que cruzan el país apenas es utilizado, la empresa telefónica está construyendo uno que va de Brasil a los Estados Unidos, la Google está financiando cables de Estados Unidos a Europa. Múltiples otras empresas están entrando en el negocio y nos están pasando por alto. Esta es la industria del siglo XXI y podemos quedar fuera de la carrera por completo.
La lista de negocios de la EPG es larguísima pero todos se enfrentan a los mismos desafíos de conflictos de intereses y de debilidad institucional. Miren por ejemplo el proyecto del Puerto de Corozal. Ahora imagínense estas iniciativas multiplicadas por veinte, treinta o quizás 100 veces el tamaño del Puerto de Corozal. Hay un negocio suculento que se quiere hacer con el procesamiento en las aguas de lastre que tienen residuos de aceite o combustible. Bien hecho, este proyecto del cual el Estado debería ser el principal socio, generaría cientos de millones de dólares y convertiría a Panamá en una potencia mundial en materia ambiental. Sin embargo, los políticos de turno quieren armar una empresa, otorgarse una concesión y sacar a la competencia, todo antes del 2019. Como si el próximo gobierno no fuera a jugar pelota para cambiar al concesionario. En vez de pensar en país siguen pensando en lo de siempre.
La transformación institucional que se necesita urgentemente para poder aprovechar estas oportunidades no requiere de una constituyente originaria. El presidente Juan Carlos Varela puede lograr, en los dos años que le quedan de gobierno, establecer los fundamentos para que este proyecto sea una realidad de aquí al 2030. Pienso que algunas de las ideas que pueden constituir el núcleo de esta propuesta son:
1. No puede haber conflicto de intereses ni del presidente de la República, sus allegados, la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o de los altos ejecutivos de esta organización. El Fiscalizador General que hoy en día funciona dentro de la ACP, debe ser un funcionario independiente adscrito a la Procuraduría de la Administración, para que pueda supervisar con más libertad el comportamiento de los servidores públicos que debe controlar.
2. El Estado debe ser socio de todas las EPGs. Al menos en un 50%, las EPGs le deben pertenecer al país. Debe existir un compromiso de que en un tiempo máximo de 8 años todo el personal de las EPGs debe ser panameño, para que no haya tantas fugas de divisas y para que aumente la movilidad social del país.
3. Dando y dando. Para desarrollar actividades conexas con la posición geográfica del país será necesario sacrificar una parte de algunas de las áreas protegidas que actualmente existen en las proximidades del Canal de Panamá. Esto no se debe hacer para construir casas de un millón de dólares cada una, o conglomerados de rascacielos exclusivos, si no para actividades industriales y logísticas que produzcan empleos permanentes de calidad. A cambio, la ACP debe comprar la laguna de Matusagaratí (las 50 mil hectáreas) y en un plazo relativamente corto se debe restaurar el ecosistema libre de arrozales, palma aceitera y ganadería desordenada. Igual suerte debe ocurrir con el Parque Internacional La Amistad, invadido por todo tipo de actividades que le son incompatibles. Restaurando estos ecosistemas, Panamá gana y se compensa en parte lo que se va a perder en la cuenca del Canal.
4. No puede haber más minería metálica a cielo abierto, ni hidroeléctricas chambonas. No son compatibles con un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de las ventajas competitivas de Panamá.
5. Las EPGs deben destinar $300 millones al año al fomento de la innovación y emprendimiento. Estas no son nuevas partidas circuitales, ni fondos de caja menuda para los representantes de corregimientos. Este es dinero que será administrado por organismos independientes para financiar becas de investigación, incubadoras de empresas, capital de riesgo y emprendimiento. Es decir un 'Silicon Valley' en el trópico.
El espejismo generado por el proyecto de la ampliación del Canal de Panamá bien puede convertirse en un oasis de grandes iniciativas nacionales que empuje a Panamá a alcanzar el primer mundo. Esto no puede hacerse si solo las 200 familias más ricas del país siguen captando la mayor parte de la riqueza o si se sigue apostando a que las trasnacionales y la mano de obra extranjera harán por nosotros un milagro: Algo que nos ha demostrado el 2016 es hay la necesidad de cambiar el modelo de negocios que sigue Panamá.