Cuando trabajaba en Chicago, mi oficina estaba ubicada en el piso 30 del edificio First Chicago, una torre que ocupaba media cuadra de la zona bancaria de la ciudad de los vientos. Al frente había una mole gigantesca que ocupaba toda la cuadra. Aunque no sabía cómo se llamaba ese edificio, si sabía el nombre de su inquilino principal Arthur Andersen, la firma de auditoría más grande del mundo. Cuando tenía que trabajar hasta altas horas de la noche, me bastaba una sencilla lámpara de mesa para iluminar mi escritorio, porque a mis espaldas las luces de las oficinas de los chicos de Arthur Andersen complementaba la iluminación.
Todas las mañanas cuando tomaba el metro se podía ver el logo de la empresa auditora en mochilas, maletines y abrigos. Sus empleados y ejecutivos llenaban supermercados, restaurantes y librerías. Estaban por todas partes. Cuando explotó el escándalo de la empresa Enron en Texas, dicha empresa tuvo que pagar miles de millones de dólares en multas y demandas. Sus más altos ejecutivos fueron a dar a la cárcel. Arthur Andersen que era su auditor, enfrentó un castigo más severo proveniente del gobierno republicano de Bush, quien le puso una multa supermillonaria y cerró la firma.
En Chicago, este fue un golpe durísimo. De un plumazo al menos 30 mil empleos directos se perdieron. Los restaurantes, barberías y salones de belleza cercanos a la sede corporativa de la empresa auditora, sufrieron muchísimo. La industria inmobiliaria también sintió una sacudida. Los que vivíamos en condominios alquilados, recibimos ofertas de cable gratis, estacionamientos subsidiados, incluso un regalo de televisores de pantalla gigante. Mis viajes en el metro se hicieron más cómodos, porque había menos gente en la ruta que tomaba. En las noches, mi oficina era inundada por la oscuridad proveniente de lo que antes fue una torre luminosa.
¿Por qué la cerraron?
Unos profesores de Derecho que conocí me explicaron que Enron tenía la obligación de darle ganancias a sus accionistas. Su delito era haber falsificado sus transacciones para hacer subir el valor de sus acciones. En contraste, Arthur Andersen hacía dinero vendiendo un producto denominado confianza. Todos los actores del mercado económico dependían de que los papeles que llevaban el sello de la firma fueran confiables. Su delito era muchísimo más grave, porque le habían robado la confianza a todo el mercado. En el colapso financiero de 2007 y 2008, las firmas de auditorías fueron en gran medida las campeonas del interés público, porque sabían lo que había pasado con su antecesora. Esas son las reglas de un mercado transparente y de una sociedad con instituciones.
Desde niño escucho nombres de escándalos financieros: Hospital Americano, Banco de Ultramar, Banaico, Banco Disa, Financiera Estrella Mar, Banco Fedpa, Fotokina, El Triángulo, Sears y los nuevos miembros de esta galería del terror, como Financial Pacific y otros que nos aturden.
Haciendo un cálculo genérico, los escándalos financieros, las coimas y los sobrecostos de los últimos 27 años deben superar los 10 mil millones de dólares. Esto es el equivalente a cinco veces el presupuesto anual de todo el sector educativo del Estado panameño, incluyendo becas y universidades. Con esos 10 mil millones de dólares bien invertidos, nuestra deuda pública sería mucho menor, y nuestro PIB mucho mayor. El pequeño robo y la coima son un goteo constante que desecan a nuestra sociedad.
Todo el mundo sabe que la coimeadera sigue. No me pidan las pruebas a mí, porque son demasiado obvias. Los policías de tránsito, los inspectores de migración, los inspectores sanitarios y el largo etcétera de oficinas públicas cuya única razón de ser, parece que es el de esquilmar a los usuarios y contribuyentes. Hace unos años, me explicó un constructor, que sus colegas contratistas incluían en su presupuesto, la multa de la ANAM por arrancar sus obras sin un Estudio de Impacto Ambiental, y la coima de ingeniería municipal para sacar rápido sus planos. Un juez nocturno me contó que cuando la policía hacía sus batidas y recogían prostitutas callejeras, ellas se quejaban de que los agentes les quitaban sus dineros y sus celulares. Le sugerí que pusiera una denuncia en la DRP de la policía. A los pocos meses, otro abogado me comentó que el juez nocturno había perdido su empleo.
Ese es el dilema que enfrentan los fiscales, jueces y auditores honestos de este país, cuando pisan un callo, los trasladan o los mandan de vacaciones, incluso los llegan a despedir. Ya lo vemos tan natural y común, que hacemos chistes y bromas sobre este asunto. La buena noticia es que la gran mayoría de nuestros funcionarios y servidores públicos son gente honesta y decente. Las protestas y denuncias contra la corrupción y la impunidad, deben entenderse como el respaldo a su trabajo silencioso.
La institucionalidad panameña es un queso suizo en materia de prevención y control de la corrupción. Nos falta fortalecer la declaración patrimonial para incluir a los familiares de los altos funcionarios (y hacerla pública). Tenemos que establecer una declaración de conflicto de intereses como la chilena y acordar que las empresas que violan estas normas pierden los contratos, son multadas y no vuelven a contratar con el Estado. Despido y cárcel para los funcionarios que, con obvios conflictos de interés, hagan parte de estas contrataciones. Hace unos 20 años Transparencia Internacional proponía la creación de un pacto de integridad que debía ser firmado por los representantes legales y los presidentes de las casas matrices de todas las empresas que querían hacer negocios con el Estado. En ese Pacto de Integridad se comprometían a no pagar comisiones o sobornos, a no usar el tráfico de influencias, a no realizar donaciones electorales y a evitar los conflictos de interés con quienes contrataban. Las sanciones deben ser fuertes y firmes, o no hay sistema que funcione.
En cuanto a la parte política, el presidente Juan Carlos Varela puede resolver mucho. Él sabe que el tema de los empleos es una cortina de humo. Primero, porque las obras tienen fianzas y hay otras empresas socias en los consorcios que pueden asumir esas responsabilidades. A pesar de esto, si se perdiesen empleos por la lucha contra la corrupción, seguramente habría formas de colocarlos en otras actividades. Eso fue lo que pasó en Chicago.
Para enfrentar a las grandes incubadoras de la corrupción en nuestra sociedad se necesitará que haya una constituyente o una reforma constitucional que normalice el juzgamiento de los políticos, establezca un Tribunal Constitucional independiente, garantice procuradores y fiscales autónomos, y limpie los procesos electorales de la opacidad y la opulencia que los caracteriza.
La corrupción no tiene que ser una característica permanente de nuestra economía y sociedad. Creo firmemente en la redención del espíritu humano, en la hermosa capacidad que tenemos de reinventarnos y de imaginar un Panamá libre de corrupción. Ese para mí, es el paraíso en la Tierra.