El pasado jueves 15 de octubre, en horas de la noche, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el exsecretario de Defensa Nacional y exgeneral del ejército mexicano, Salvador Cienfuegos. Los cargos de los que le acusa la DEA son: lavado de dinero y tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.
Cienfuegos fue, entre el 2012 y el 2018, posiblemente el hombre más poderoso de México. Era el jefe del segundo ejército más grande de América Latina (después de Brasil), y comandaba a 267,500 hombres y mujeres de uniforme.
El golpe fue particularmente duro para el ejército mexicano y para la lucha contra el narcotráfico, ya que desde el año 2006, México se abocó a la militarización brutal y salvaje de la guerra contra las drogas, resultando en récords de homicidios, crímenes violentos y atrocidades de todo tamaño.
El origen de la caída de Cienfuegos fue el usual en estas lides. La DEA tenía muchas sospechas de que información muy sensitiva le llegaba a los narcos, y que algunos carteles de la droga contaban con protección militar.
Según los medios mexicanos, durante una intervención telefónica a unos narcotraficantes, la DEA estuvo escuchando cómo estos presumían “que el Padrino”, les ofrecía protección para sus actividades. En medio de la conversación, uno de los narcos dijo que el Padrino estaba hablando en televisión en ese momento.
La DEA verificó, y luego de años de pesquisas el Padrino pasó a convertirse en el “Prisionero”. Su caso lo maneja la Fiscalía Federal del Este de Nueva York, la misma que lleva adelante la investigación de los jóvenes empresarios panameños Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, por su supuesta vinculación al caso Odebrecht.
La caída de Cienfuegos acompaña otra gran detención estadounidense de un exmiembro del gabinete mexicano, encargado de combatir al narcotráfico, Genaro García Luna, quien fue detenido en Texas, Estados Unidos, a principio de año por recibir sobornos del cartel de Sinaloa.
García Luna fue el director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox, y luego fue el Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, el mismo que militarizó la lucha contra el narco. Las detenciones de Cienfuegos y García Luna significan que los máximos encargados de la lucha contra el narcotráfico en México, durante las últimas dos décadas, trabajaban para los carteles.
En esos aciagos años, Estados Unidos apoyó el desmantelamiento de los cuerpos civiles de investigación criminal en la región. Por ejemplo, se eliminó la Agencia Federal de Investigaciones Mexicana y las Policías Técnicas Judiciales de Panamá y de República Dominicana. Esas tareas fueron asignadas a cuerpos uniformados.
En medio de la pandemia, en Panamá se ha propuesto que el presupuesto del Ministerio de Seguridad se duplique para el año 2021. La medida absurda e inexplicable, solo puede tener relación a las sucesivas visitas de asesores y consejeros del estamento de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. La estrategia es típica de un pensamiento geopolítico simplista: la Policía y las fuerzas armadas colombianas están rebasadas, por lo que la militarización de la lucha contra el narcotráfico en México, Centroamérica y el Caribe, busca adicionar poder de fuego para combatir a los ejércitos públicos y privados del narco.
Este problema hace mucho tiempo se salió de las manos de los mismos de siempre. La forma de derrotar al narco es con instituciones, servicios públicos de calidad, y una economía incluyente. Si los cientos de millones de dólares que van al Ministerio de Seguridad, fueran al Ministerio de Educación, cada estudiante panameño podría tener una tableta o laptop con acceso a internet. Si este dinero fuera al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se podrían generar cientos de miles de empleos agrícolas y levantar la economía del país. Por supuesto, si estos fondos fueran dedicados al turismo, al fomento de la microempresa, o al apoyo de los emprendedores, generaría nuevas inversiones que servirían para quitarle espacio a las bandas y al blanqueo de capitales. El gobierno decidió optar por el camino fracasado que ya América Latina ha recorrido.
En 1993, el exagente de la DEA Michael Levine publicó un libro testimonial The Big White Lie (titulado en español La Guerra Falsa), en el cual narra, que cuando era jefe de la DEA en Bolivia, la presidenta de aquella época Lidia Gueiler Tejada, ofreció todo su apoyo para una operación contra el narcotráfico en su país, que hubiera desmantelado la capacidad productiva de la industria de la cocaína.
Cuando la acción estaba a punto de iniciar Washington cambió de bando, ya que había que perseguir al comunismo, y las ideas de Gueiler contradecían esos fines. La elección presidencial que debía sustituirla fue conflictiva y los militares le dieron un golpe. Se acabó la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, y 41 años después ese país sigue en la inestabilidad. La producción de cocaína se trasladó a Colombia y el resto es historia conocida.
La fallida lucha antidrogas marcó el último cuarto del siglo XX latinoamericano, y lleva dos décadas del siglo XXI por la misma vía. Es tiempo de reconocer el error y cambiar la estrategia que está condenada a fracasar. Llegó la hora de apagar los Cienfuegos y de rescatar el futuro de nuestras democracias.
