El apagón institucional del sector eléctrico panameño

El apagón institucional del sector eléctrico panameño
En lo que parece ser el capítulo final de esta saga, la empresa estadounidense AES podrá convertirse en el generador de un 80% de la energía del sistema panameño. Archivo

Entre las causas del alto costo de la vida en Panamá, la falta de competitividad de la economía local, y la erosión de la calidad de vida de los habitantes del país, están el funcionamiento y la regulación del sistema eléctrico, privatizado en 1997.

Se suponía que la privatización resolvería varios problemas: abarataría los costos de la energía, aumentaría la oferta por la entrada de actores privados, y la calidad del servicio mejoraría enormemente.

Para los que no recuerdan el viejo IRHE, cuando la falta de generación, el poco mantenimiento, y el incremento del consumo se combinaron, al principio de la década de los noventa, el IRHE tuvo que hacer apagones programados por largas horas, que paralizaban toda la economía del país.

Tal era la situación de la institución, que el IDAAN era más eficiente. Esto no fue casual, al IRHE se le fue destruyendo desde finales de la década de 1970, cargando su planilla, desviando su presupuesto para subsidiar al gobierno militar, y hundiéndolo en deudas impagables, como la construcción de una monstruosa hidroeléctrica, Fortuna, que costó mucho más de lo planificado. Siguiendo a pies juntillas el guión, la banca internacional se negó a fondear al IRHE condenándolo a la privatización.

El esquema aplicado en 1997 fue en principio un modelo funcional, basado en el reparto de asignaciones: varios generadores, un transmisor, tres distribuidores, y millones de consumidores finales. En el papel el modelo promovía competencia, ya que había múltiples generadores, el Estado sería el transmisor, y el país sería segmentado en tres regiones para sendos distribuidores monopólicos, cometiéndose el error, de que a un solo distribuidor se le permitió controlar dos regiones.

¿Qué dañó ese diseño? Los conflictos de intereses, la fragilidad institucional, y la concentración de poder. En primer lugar, los funcionarios que debían actuar como reguladores iban y venían de las empresas que participaban del sistema; como si esto fuera poco, la principal institución reguladora, la Autoridad de Servicios Públicos es una organización politizada cuyos ingresos dependen de las empresas reguladas. Finalmente, la permisividad de los sucesivos gobiernos facilitó la concentración de poder de unos cuantos jugadores.

El resultado es catastrófico. Entre el 2004 y hasta junio del 2020, el Estado panameño ha subsidiado a las empresas del sistema por al menos 2,130 millones de dólares, lo que equivale a construir una nueva línea del Metro de Panamá. Entre el 2020 y lo que va del 2021, el subsidio ha sido de 201 millones de dólares, casi el doble de lo que el Estado ha destinado para la compra de vacunas. Sin embargo, la electricidad sigue cara y el servicio deja mucho que desear.

Fuera del subsidio anteriormente mencionado, hay otro desfile de cientos de millones de dólares, nuestros, que Etesa ha pagado en concepto de compensación a empresas generadoras que no han pudieron vender su producción por culpa de un sistema descontrolado, como el retraso de Odebrecht en entregar la línea 3 de interconexión eléctrica. Esto se puede repetir con la nueva línea que debe interconectar Colón con Panamá, si Etesa se atrasa, y los generadores terminan sus proyectos, tendremos que compensarlos por sus pérdidas.

Como si este despilfarro no fuera suficiente, el Estado panameño ha desembolsado desde el 2013 hasta la actualidad, 96,5 millones de dólares para la empresa generadora Bahía las Minas, de la cual los panameños somos dueños del 49%.

Esos fondos supuestamente estaban destinados a capitalizar la empresa para que fuera competitiva, a pesar de esto, la empresa está en plan de cierre, y el gobierno nacional les ha aprobado 15,2 millones de dólares adicionales, en medio de la pandemia, para cubrir un aporte de capital. El Estado pierde y se ríe.

Ni hablar de los megaproyectos de Etesa, como la línea 4 de interconexión eléctrica de Colón a Bocas del Toro, deforestando todo el Atlántico panameño, para subsidiar a los generadores. No contentos con esto, también avanzan los planes de interconexión eléctrica con Colombia, también pagado en parte por los panameños, y que permitirá a la disidencia de las FARC, a los paramilitares, y a los carteles, sabotear el suministro de energía, causandonos más costos.

En lo que parece ser el capítulo final de esta saga, la empresa estadounidense AES podrá convertirse en el generador de un 80% de la energía del sistema panameño. En una suspensión de las leyes del mercado, éste seguramente será un monopolio positivo que no especulará con los precios ni extorsionará al Estado.

Esa película ya la vimos y vivimos los panameños: se llamaba la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, que por el Decreto Ejecutivo 109 del 29 de mayo de 1972, el gobierno nacional la intervino, y finalmente la nacionalizó. Cruzo los dedos, para que la historia no se repita en espiral.

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