El 23 de marzo de 1994, el carismático Luis Donaldo Colosio hacía campaña en la ciudad de Tijuana. Él era considerado un reformista, la última esperanza de México y del partido del gobierno, el venerable PRI (Partido Revolucionario Institucional), para dar un golpe de timón que frenara el creciente poder del narcotráfico y la corrupción.
En medio del típico recorrido de campaña, cuando los candidatos se detienen a saludar a cada posible elector, a recibir palmaditas y a cargar bebés, dos certeros disparos terminaron con su vida. La hora de la reforma del PRI se había acabado.
El magnicidio de Colosio había sido precedido por otros asesinatos políticos en todo México. El 25 de mayo de 1993, el cardenal de la Iglesia católica, Juan Jesús Posadas Ocampo, y otras siete personas fueron asesinados muy públicamente. Lo más llamativo de una parte de los asesinatos políticos de México de finales de la década de 1980 y principios de 1990 fue que las víctimas eran usualmente miembros del PRI, partido en el gobierno, y aunque hubo víctimas de todos los partidos, los del PRI tenían una particularidad, evidenciaban un conflicto interno por el control del partido.
En Panamá, durante la última década, por lo menos siete miembros destacados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) han sido asesinados: el 6 de noviembre de 2011, el exgobernador de Coclé Darío Fernández; el 27 de agosto de 2020, la activista Wendy Rodríguez; el 9 de febrero de 2021, el exdiputado Diógenes Yoyi Vergara; el 22 de octubre de 2013, el dirigente de San Miguelito Juan Ramón Messina; el 15 de julio de 2017, el excandidato a diputado Eduardo Cano; el 1 de enero de 2021, el representante suplente Oriel Acosta; y el pasado domingo 14 de noviembre, el subdirector del Registro Público Agustín Lara.
Sería sumamente simplista atribuir estas muertes a la violencia política o al crimen organizado. En un país con altos índices de violencia estructural es obvio que hasta los políticos van a ser víctimas del crimen.
Sin embargo, la intensificación de estos asesinatos en los últimos años, puede estar revelando un profundo conflicto a lo interno del partido gobernante, que bien pudiera enmascarar una tensión visceral producida por la penetración del narcotráfico en la política, y de ese repugnante pacto faustiano, que en muchos barrios se ha hecho entre las campañas electorales y las bandas delincuenciales.
Cuando una obra de teatro está próxima a ser estrenada, se realiza el ensayo general con los atuendos, el maquillaje y las luces. De esta forma, se afinan los detalles para las grandes presentaciones. La escalada de violencia tiene las características de un aprendizaje cada vez más osado y descarado. Los sicarios y sus contratantes no tienen la más mínima preocupación por la opinión pública, o por la reacción de las autoridades. Esto se puede convertir en un ensayo general de cosas peores.
Se repiten los errores de México y de Colombia al dejar estos crímenes en manos del cuestionado aparato de justicia penal. Se requiere una acción contundente de limpieza de todos los partidos políticos, y una modificación muy puntual de la legislación electoral: solo se podrán hacer campañas electorales con fondos públicos.
El clientelismo le abre la puerta al crimen organizado. Hay que actuar rápido para evitar que siga la violencia política. Cuando cae un dirigente de cualquier partido, los que perdemos somos todos los ciudadanos. No podemos dejar que el crimen organizado capture a los gobiernos.
