El 2 de julio del 2020 Panamá hizo historia: por primera vez en nuestra vida republicana dos expresidentes de la República, de partidos distintos, estaban siendo investigados de manera simultánea.
Recordemos que el precedente más cercano fue durante la administración de Ricardo Martinelli, cuando dos expresidentes de la República del PRD, eran parte de dos procesos judiciales separados. Ambos procesos concluyeron favorablemente para los políticos perredistas.
En estos momentos pandémicos, y con una economía endeble, el elemento de los procesos judiciales contra los exmandatarios ¿ayuda o perjudica a la economía y a la estabilidad social del país?
El referente histórico más parecido es el de Perú, que en el año 2018, tenía abiertos procesos judiciales contra todos los exmandatarios vivos de dicho país. Ese año, la inversión extranjera directa, fue de 6 mil 488 millones de dólares.
Si la investigación y enjuiciamiento de sus exmandatarios alejara a los capitales extranjeros o enviara una señal de instabilidad política, la Inversión Extranjera Directa se habría desplomado.
En cambio, la IED para el año 2019, fue de 8 mil 892 millones de dólares, un aumento del 37,05% sobre el año anterior. A primera vista a Panamá le conviene que el mundo sepa que aquí se investiga a los expresidentes.
Nota: lo aquí expuesto no implica afirmación alguna de culpabilidad de los exmandatarios actualmente indagados.
