El gobierno panameño ha relanzado el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, luego de más de una década de postergación. La iniciativa consiste en una línea de transmisión de 550 kilómetros de largo con capacidad para transferir hasta 450 MWh, la obra costaría la friolera de 800 millones de dólares.
Esta interconexión eléctrica no tiene como objetivo beneficiar a los panameños, sino facilitar la exportación de energía. Unas cifras pueden esclarecer el asunto. El consumo nacional de electricidad el pasado 15 de noviembre fue de 1,437 MWh. Ese día la generación eléctrica del país tuvo un sobrante exportable de 226.47 MWh. Es decir tenemos más capacidad de producción que el consumo nacional. La exportación de energía tiene una gran ventaja y es que no paga impuesto sobre la renta. Así que nuestros ríos, nuestro viento y nuestro sol, alcanzan y sobran para nuestras necesidades energéticas.
El problema de la matriz energética panameña no es de generación ni de consumo, es de gobernanza. la Secretaría de Energía, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) y la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) son los tres actores actores estatales que tienen que ver con el mercado eléctrico y están capturados por la puerta giratoria de ejecutivos que ayer trabajaron con una empresa generadora, hoy trabajan con una entidad estatal, y mañana trabajarán con una empresa distribuidora. Es decir, los fines de la alta dirección de las entidades estatales del sector eléctrico no son los fines del interés nacional de una energía barata y limpia.
La estrategia
Las piezas del rompecabezas de la verdadera política energética del país están a la vista. La ASEP está considerando un “impuesto al sol”, una especie de tasa que recaería sobre aquellos hogares y empresas que usen paneles solares para cubrir parte de su consumo. Si la regla entra en vigor, se acabará el sector de la autogeneración solar panameña. En España usted puede tener una casa con paneles solares y el sobrante de energía lo puede vender a la red eléctrica, y así tener un importante ingreso. En Panamá la reventa está limitada y con la nueva regla de la ASEP no será rentable.
La segunda gran pieza del rompecabezas lo constituye el megaproyecto de la ETESA. Esta empresa estatal se encuentra en los titulares de los medios por una reciente fiesta de Navidad de unos 52 mil dólares, sin embargo, la verdadera fiesta es otra. ETESA tiene un plan para gastar casi 1,600 millones de dólares en dos proyectos, que en realidad son uno. El primer proyecto es la Cuarta Línea de Interconexión Eléctrica Chiriquí Grande-Panamá de unos 330 kilómetros de largo, a un costo de 760 millones de dólares y con una capacidad regular de transmitir 500 MWh y en casos extraordinarios hasta 797 MWh.
El proyecto se realizaría en gran parte de la costa Atlántica del país, desde Bocas del Toro hasta Colón, pasando por la comarca Ngobe Buglé. El proyecto no le daría electricidad a esta comarca, que es una de las áreas del país con menor acceso a la energía eléctrica. Cuando la cuarta línea llegue a Colón, se conectará con la ciudad de Panamá. Este proyecto cuesta 760 millones de dólares. Si se le suma a los 800 millones de dólares de la interconexión eléctrica con Colombia, se tendría un monto de 1,560 millones de dólares invertidos en interconexiones eléctricas para hacer unos 880 kilómetros de líneas de transmisión. Seguramente en el proyecto de interconexión con Colombia, ese país aportará recursos para la construcción de la línea de transmisión dentro de su territorio, sin embargo, la mayor parte de la línea de transmisión está dentro del territorio panameño. Esto significa que ETESA deberá contraer compromisos crediticios, préstamos, que podrían llegar hasta una cantidad cercana a los 1,560 millones de dólares, incluso si se utiliza el mecanismo de la Asociación Público-Privada (APP), la deuda existiría. El pago de los intereses y el capital de esos préstamos creará una enorme presión sobre las finanzas de ETESA, y casi que garantiza que esa empresa estatal no entregará utilidades al Estado panameño para cumplir con sus obligaciones derivadas de estos dos proyectos.
La falacia de la interconexión con Colombia
La República de Colombia tiene un acuerdo de interconexión eléctrica con la República del Ecuador. Durante el presente año, Colombia suspendió la entrega de electricidad a su vecino del sur en razón de la gran sequía sufrida producto de los efectos de la corriente de El Niño. Las hidroeléctricas colombianas estuvieron muy debajo del nivel óptimo, y la propia Colombia tuvo que apretarse el cinturón para proteger su consumo eléctrico. A Ecuador se le autorizó en noviembre del presente año que se le podía exportar electricidad producida por plantas térmicas, y si el nivel de las hidroeléctricas colombianas alcanzaba el 67% de su capacidad se le vendería a Ecuador electricidad generada por estas represas. Por gran parte del año Ecuador ha sido castigado con apagones de 10 a 14 horas diarias. Al igual que Colombia, Ecuador enfrentó una sequía que limitó lo que sus hidroeléctricas podrían producir, pero el país vecino no lo pudo ayudar en momentos más críticos.
Si Ecuador, que tiene 640 kilómetros de frontera terrestre con Colombia y una importante conexión por carretera con su país vecino, no pudo obtener electricidad, ¿qué hace pensar que Panamá sí lo hará? La respuesta es obvia, la interconexión eléctrica con Colombia no es para garantizar la seguridad energética de Panamá, sino para conducir electricidad a los mercados centroamericanos cuando haya sobrante. En los próximos años Panamá sumará unos 1,000 MWh en generación eléctrica, y sale mejor venderla afuera, que preocuparse por abaratar el costo de la energía en el mercado panameño y mejorar el servicio.
La cuarta línea de Bocas del Toro será “bidireccional” es decir que puede llevar energía de Bocas a Colón (para luego llevarla a la ciudad de Panamá), o llevar energía de Colón a Bocas del Toro. Si la interconexión eléctrica con Colombia llega hasta la provincia de Colón, muy probablemente lo que vaya de Colón a Bocas del Toro y más allá será electricidad colombiana. Por si fuera poco, hay un costo negativo oculto de esta interconexión eléctrica.
Panamá es uno de los 8 países carbono-negativo del mundo, lo que implica que los ecosistemas panameños absorben más gases de efecto invernadero de lo que produce la economía panameña. La carbono-negatividad es una gran ventaja que el Estado panameño debe convertir en una fuente de diferenciación económica y de atracción de inversiones verdes. La matriz de generación eléctrica panameña es sumamente limpia, por ejemplo, el pasado 2 y el 15 de noviembre, el 100% de la energía producida en el país provino de una fuente renovable, es decir que no generó gases de efecto invernadero. En cambio, Colombia tiene una matriz que es 70% renovable y 30% térmica. Como pasó con Ecuador, la preferencia de Colombia es exportar energía producida por fuentes térmicas. Si Panamá fuera a consumir los 450 MWh de fuente térmica enviados por Colombia, se pondría en riesgo nuestra carbono-negatividad. Este proyecto no da seguridad energética, no mejora la matriz panameña y no tiene como intención disminuir los precios.
El sentido común y el interés nacional deben imperar. La interconexión eléctrica con Colombia no es un buen negocio para Panamá y crea más problemas de los que supuestamente resuelve. El camino de Panamá es verde, con más autogeneración solar, más eficiencia energética y un fortalecimiento de nuestra matriz de fuentes renovables. No hay razón para echar para atrás.
