El tejido institucional del Estado panameño ha sido sometido a la mayor prueba de su historia, y los resultados no han sido muy favorables. Aun cuando existen indicios esperanzadores sobre la tasa de contagios, el índice de positividad y las fatalidades, lo cierto es que casi 2 mil panameños han muerto, y centenares de miles de empleos se han perdido. El rezago educativo agravado por la pandemia es significativo, y las otras crisis tales como la seguridad social, orden público y justicia siguen latentes.
El Estado que tenemos no es capaz de resolver o mitigar estos desafíos. La política tal y como es practicada en Panamá nos lleva cada 5 años a un callejón sin salida del “menosmalismo” del candidato presidencial que se respalda. El resultado es que cuando el ganador es un PRD y su partido controla la Asamblea, las negociaciones y acuerdos intrapartidarios ponen en juego grandes componentes del gasto público, y distorsionan la institucionalidad desmejorando la capacidad de producir buenas políticas públicas.
Cuando el ganador o ganadora de la presidencia de la República no es del PRD, cae en la necesidad de formar alianzas de gobierno de conveniencias o de “matrimonios con escopeta” para hacer funcionar tres años de gobierno, y luego dos de crisis en crisis. El panorama sugiere que los próximos torneos electorales dentro del esquema partidista llevarán a resultados más mediocres de lo que ya tenemos.
El convocar a una asamblea constituyente en el 2022, permite reconstruir el tejido institucional del país, a la vez que se actualiza la República a los estándares del siglo XXI, se revisan normas que castigan con injusticia e impunidad a esta nación, y se democratiza una economía concentrada en la cintura del país.
Hay cinco tendencias que fundamentan la necesidad de un cambio constitucional integral:
1. El colapso de la justicia. La justicia panameña está anulada por una red de alta corrupción, influencia y delincuencia organizada que la hace muy vulnerable a presiones políticas, transacciones corruptas, y deja en indefensión a todo el país. Mientras magistrados y procuradores sean escogidos políticamente, y la estabilidad en los cargos sea el resultado de juegos de simpatía y lealtades internas, la oportunidad de que haya una justicia confiable, íntegra y eficiente de categoría mundial es nula.
2. La creciente militarización. La Constitución actual prohíbe el ejército y la existencia del un mando único de los cuerpos de seguridad pública. En la práctica, el Senafron y el Senan son cuerpos militares. La policía nacional ha endurecido su entrenamiento y rutinariamente aplica tácticas propias de un ejército. Para contar con el respaldo de los uniformados, durante los últimos 15 años sucesivos gobiernos civiles les entregaron mejores remuneraciones, jubilaciones especialísimas, y más áreas de jurisdicción. En un momento dado tanto aduanas, como migración, eran controlados por la Policía, la Policía Técnica Judicial desapareció, al igual que el liderazgo civil de la dirección encargada de administrar el régimen de autorizaciones, permisos e importación de armas. Los cuerpos de seguridad se investigan a sí mismos, se castigan a sí mismos, y tienen un régimen de auditoría propio. En el caso de la Policía Nacional, los políticos compraron su lealtad aumentando la cantidad de cargos de la alta oficialidad, reproduciendo comisionados y subcomisionados, como si esto no tuviera consecuencia alguna. Los cuerpos de seguridad, incluyendo al Consejo de Seguridad y al Servicio de Protección Institucional, necesitan con urgencia un nuevo marco normativo, con reglas del juego distintas. El proyecto de presupuesto general del Estado del 2021, aumenta sustancialmente el presupuesto de los cuerpos de seguridad. Esto, a pesar de que existen necesidades urgentes en otros grandes temas nacionales, demuestra el peso que tiene el estamento de seguridad.
3. La desnaturalización de la representación política. Panamá tiene una democracia indirecta, ya que elegimos a personas que actuarán en nuestro nombre supuestamente para defender nuestros intereses. En la práctica, la oferta electoral viable es muy limitada, los circuitos electorales no corresponden a ninguna realidad demográfica, si no a un ordenamiento electoral artificial. Los diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y hasta los rectores de las universidades públicas son devotos del culto a la reelección. Como este es el propósito fundamental de su gestión, todos los otros fines favorables al interés público son descartados. Ellos son la principal razón por las que reformas constitucionales parciales no funcionarían, lo que obliga a la convocatoria de una constituyente.
4. Cambiar al Estado depredador. La administración pública panameña no está organizada científicamente ni responde a criterios de equidad, talento o probidad. Prolifera la micro-corrupción, las arbitrariedades, la improvisación y la parálisis por incompatibilidad del cargo con las competencias del funcionario. No hay un servicio civil, y las designaciones corresponden al peso del padrino o del respaldo político que se tenga. Cada cinco años cambia la política educativa, la política sanitaria, la política económica, y un largo etc. No puede haber continuidad de los esfuerzos que nos llevarían al desarrollo, si no hay un estamento de servidores públicos permanentes que no les tiemble la mano de hacer lo correcto, y que sepan que hay rendición de cuenta todo el tiempo. Lo que existe actualmente nos ha llevado a que el Estado no es capaz de repartir equitativamente bolsas de comida, o proveer de servicios básicos tales como el agua potable, electricidad, internet y educación de calidad a la población. El Estado de hoy será cada vez más un depredador, si no lo convertimos en un Estado constitucional de derecho.
5. El modelo económico de Panamá no es sostenible. Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, Panamá tiene una economía desbalanceada, concentradora de oportunidades y de recursos. Se despilfarra y se devora a los ecosistemas como si viviéramos en un planeta infinito. Nuestra forma de producir y consumir electricidad, nuestra forma de construir y de organizar el territorio, y la manera en que se causa más desigualdad y desesperanza, requieren de un giro de timón en la dirección constitucional de la nave del Estado.
Somos los ciudadanos los que debemos decidir nuestro futuro y recuperar nuestra nación para evitar que otra pandemia nos arrase y aplaste, porque el Estado carece de las capacidades, el conocimiento, y el servicio público capaz de hacerlo.
