Las instituciones sociales existen porque sirven para alguna función que es básica para los seres humanos. Necesitamos la familia para crecer y desarrollarnos; la tribu para poder defender nuestros recursos y maximizar nuestras oportunidades de sobrevivencia; y finalmente, las sociedades complejas se hacen necesarias para navegar las turbulentas aguas de la vida moderna. Conscientes o no, hemos decidido pagar el precio de ser panameños, porque la panameñidad, y la cultura política vigente en el país, nos permitían llevar nuestras vidas un poco mejor que nuestros vecinos, y con la esperanza de que fuera mucho mejor.
Uno de los elementos fundamentales que le da cohesión a la sociedad es el sentido de orden y predictibilidad que dan las normas y las prácticas del poder. Abundan los estudios que demuestran que los seres humanos tenemos un sentido innato de justicia, no nos gusta ser discriminados, y en las condiciones apropiadas, no nos gusta que a otro, cerca de nosotros lo discriminen. Allí nace la cultura de la legalidad.
Si trabajas duro, estudias mucho, respetas a los demás y pagas tus impuestos te irá muy bien en la vida, me decía mi difunto padre. Él tuvo el privilegio de vivir, en su momento, las grandes cosas que se hicieron en este país, desde el Hospital Santo Tomás, hasta la reversión del Canal. No fue una época pura, ya que también existieron problemas, huelgas, fraudes electorales, golpes de Estado, perseguidos políticos, y otros conflictos sociales. A pesar de todo esto, existía un sentido de esperanza de que las cosas serían mejor en el futuro.
La época en que las personas acordaban un importante negocio con el estrechón de manos, dejaban las puertas de sus autos sin llave, o vivían en casas sin cercas o verjas por las cuatro esquinas, se acabó. Con esa época también se fue la ética del trabajo de los heroicos maestros y profesores panameños que estaban dispuestos a dar clases en cualquier circunstancias, preocupados por el futuro de sus estudiantes. Ahora estamos viviendo una nueva época, en la que la práctica del servicio más efectivo de la salud pública, la vacunación, se ha convertido en una fuente de amarguras y tristezas para los panameños.
Crecí entre enfermeras, amigas y allegadas de la familia, porque mi madre trabajó en el sector salud. Escuchaba sus historias de sacrificios y privaciones, de largas jornadas con sueldos atrasados, con carencia de equipos, y aún así dispuestas a más sacrificios porque sabían que hacían la diferencia. Igualmente he vivido gran parte de mi vida entre abogados y estudiantes de derecho, especialmente aquellos con ojos brillantes que se apasionaban ante la idea de luchar por la justicia, combatir el crimen, y proteger las vidas y bienes de los panameños. Recuerdo todas esas solitarias madrugadas estudiando Penal, Procesal, o Derecho Administrativo. Todavía me dan escalofríos los exámenes de Derecho Romano y los de Civil. Recuerdo que muchos de mis compañeros eran tan humildes, que apenas tenían suficiente dinero para regresar a sus casas, si comían en la universidad, gastaban su pasaje de vuelta. Muchos fracasaban porque no tenían el dinero para sacar copias, o comprar el folleto del profesor.
De esas realidades se alimentaron muchas de las instituciones públicas panameñas. Ser enfermera del Ministerio de Salud o de la Caja de Seguro Social significa que no verás a tus hijos en sus cumpleaños, o que no los atenderás cuando están enfermos, ya que tu estás atendiendo a otros enfermos. Ser funcionario del Ministerio Público o del Órgano Judicial, representa que tienes que asumir un altísimo riesgo por tu vida profesional, e incluso tu vida familiar. Hay muchos funcionarios judiciales y del Ministerio Público, que tienen que tomar buses piratas y caminar por veredas oscuras en la noche para llegar a sus casas. La semana que transcurrió, demostró los extremos a los que llega el poder en Panamá, y cómo esas enfermeras y esos fiscales tienen que poner la cara y asumir responsabilidades, por las acciones de otros y otras, cuyos rostros y nombres permanecerán en las tinieblas.
Las vacunas clandestinas, así como la vacunación VIP son la punta del témpano de hielo. Panamá se ha consolidado como una sociedad de privilegios e impunidad. Lejos está el día en que el mejor presidente de este país Belisario Porras se quedó sin poder atenderse en el Hospital Santo Tomás. Esa distancia no es cronológica, es ética. La clase política panameña ha convertido a la gestión del Estado en una fuente permanente de buenos negocios, y aún cuando estamos tan próximos al abismo por la crisis de las finanzas públicas, la fiesta sigue.
¿Cuándo nos convertimos los panameños en el peor enemigo de los panameños? Cuando apareció la frase, “que hay para mí”. Esa frase significa los maletines de Odebrecht, los sobreprecios de FCC, las transferencias de Blue Apple, los duro dólares, Punta Mala, los contratos portuarios, las concesiones mineras, el clan la llave, la invasión, y todo un universo de actos de corrupción que le han robado el futuro varias veces al país, sin que haya habido castigo. Esa impunidad del pasado ha engendrado la gran impunidad de hoy. La clase política y una ciudadanía complaciente neutralizada por la desesperanza y la impotencia han fabricado una jaula que tiene encerrada a la cultura de la legalidad, esa con la cual nacemos todos los seres humanos. Si esa cultura de la legalidad no llega a crecer y a desarrollarse en Panamá durante la actual generación, no tengamos duda, que nos veremos en el espejo de alguna de las dictaduras que esclavizan a nuestros vecinos latinoamericanos.
