El ministro de Seguridad Pública Juan Pino declaró, el pasado viernes 19 de mayo, que unos 3 mil menores de edad han desertado del sistema público de educación en el distrito de San Miguelito, en lo que va del presente año escolar.
Para tener una idea de la cantidad de estudiantes que perdió el sistema educativo, imagínese el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa totalmente lleno. Esas son 2 mil 800 personas. Las niñas, niños y adolescentes que han salido de la estadística educativa son un poderoso indicador de una profunda crisis social. Como en este país no se hace suficiente investigación científica acerca de estos fenómenos sociales, desconocemos cuántos de esos menores dejaron el sistema por embarazo o por la pérdida de ingresos del adulto responsable de su hogar, o por cualquier cantidad de posibles situaciones.
El ministro Pino se refirió al aumento de la participación de menores de edad en hechos delictivos. “El 75% de las personas que están privadas de libertad, no han pasado tercer año”, añadió. pic.twitter.com/JRQHbRv39q
— Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) May 19, 2023
Se suponía que la beca universal −ahora Pase “U”− estaban diseñados para evitar la deserción escolar. La gran crítica de la beca universal es que todo el mundo la recibía. Cuando el programa fue transformado en Pase U, se reformaron los criterios para recibir el beneficio económico. Ahora la asistencia a clases debe ser complementada con calificaciones mínimas para aprobar las asignaturas.
En la beca universal los estudiantes podían llevar fracasos que luego superaban en el verano con reválidas y recuperaban las becas. Seguramente muchos lectores y lectoras opinarán que la beca universal premiaba a la mediocridad. Estamos de acuerdo, pero el Estado incumplió el resto de la ecuación. No se amplió la jornada diaria, no hay almuerzos y meriendas en todas las escuelas, falta agua potable, así como electricidad y acceso al internet. En esas condiciones un estudiante que no ha comido, que proviene de un hogar fracturado, que está enfrentando algún riesgo social como el embarazo, el consumo de drogas o la violencia intrafamiliar, tienen muy poco que buscar en las escuelas públicas.
Los más de 3 mil menores de edad que desaparecieron de la estadística educativa empezarán a aparecer en la estadística del Ministerio de Desarrollo Social por pobreza multidimensional, en las del Ministerio de Salud por embarazos de adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, y en las del Ministerio de Seguridad Pública por todo tipo de razones. Según el propio ministro Pino, el 75% de los privados de libertad tiene nueve o menos años de educación.
El distrito de San Miguelito lleva un arrastre de marginación, informalidad y carencia de servicios públicos competentes, poca infraestructura cultural y social, y la fragilidad de las familias de ese distrito. San Miguelito se caracteriza por la presencia de grandes redes clientelistas cuyos supuestos beneficiarios reciben favores de muy corto plazo, por los que sacrifican el bienestar de su comunidad y la perspectiva futura de la niñez y la juventud. Por eso es que San Miguelito tiene como alcalde a Héctor Valdés Carrasquilla. Sus diputados son Francisco Alemán, Leandro Ávila, Dalia Bernal, Raúl Pineda, Zulay Rodríguez y Juan Diego Vásquez. Todos sabemos quién es quién de esa lista y sus contribuciones al bienestar de San Miguelito.
Los 3 mil desertores empezarán a aparecer en el año 2029 en otra estadística, el padrón electoral que constituye la base del poder de las organizaciones clientelistas que ya pactaron con el crimen organizado. Esto garantiza que el círculo vicioso se mantenga. Ese sistema político depende de los malos servicios públicos que favorecen las oportunidades de corrupción, las carencias de empleo formal y la erosión de la vida en comunidad en todo el país.
Este dato de los 3 mil desertores es una bandera roja indicativa que el problema de Panamá no se resuelve con nuevas líneas del Metro, con toneladas de cemento, o con transferencias de subsidios mal calculados. El problema de San Miguelito, que es el problema de todo Panamá, es cargar con el peso de un Estado capturado por intereses creados que se sostienen con clientelismo, a cambio de dominar un gobierno incompetente, que fomenta la corrupción y que es incapaz de cumplir con su verdadero rol. El desafío del 2024 es escoger a las personas más capaces e íntegras para confiarles el futuro de esos 3 mil menores de edad, y el presente de unos 4 millones de panameños.
