Una frase cuyo origen perdido en los tiempos se le repite hasta la saciedad a los pichones de abogados, en las Facultades de Derecho Iberoamericanas. “Más vale un mal acuerdo que un buen pleito”. Es decir, mejor es un arreglo rápido que un caso judicial con resultado incierto.
Para la mayor parte de los asuntos cotidianos, la frase puede tener razón. Uno no se puede pasar la vida peleando con todo el mundo durante todo el tiempo. La gran mayoría de los países democráticos del mundo desarrollado mantiene una robusta actividad de litigio civil del Estado contra empresas corruptas o infractoras de las leyes. Hay razones fundamentales por las que le conviene a Panamá un buen litigio en el caso de FCC.
La principal razón es de orden estratégico. Es hora que el país envíe un mensaje a las multinacionales corruptas de que no les tenemos miedo, y que vamos a reclamar con holgura los daños y perjuicios, directos e indirectos, sufridos por los panameños. Así, la próxima vez que tengamos un gobierno muy corrupto, las transnacionales rechazarán la extorsión de “págame el 9%, o no tendrás negocio”. FCC siempre pudo decir que no.
La siguiente razón es que pase lo que pase, la Ciudad de la Salud no va a estar lista en este gobierno. Quizás con una combinación de contratistas especializados, se pueda habilitar parte de esa manada de elefantes blancos que es la Ciudad de la Salud, sin embargo, la totalidad del proyecto requerirá de más tiempo que el que le resta al gobierno Cortizo.
Otra razón importante es que un buen litigio estatal, no solo limitado al arbitraje de la Caja de Seguro Social, es un buen negocio.
En los últimos 20 años la gran mayoría de los litigios internacionales entre el Estado panameño y empresas multinacionales han sido favorables a Panamá.
En 1999, la Refinería Panamá emprendió una demanda arbitral contra el Estado panameño por 89 millones de dólares, afirmando que Panamá había incumplido el contrato ley con la empresa. El Estado panameño contrademandó por los daños ambientales causados por el derrame de petróleo de 1986. Todo indica que Panamá iba a ganar el caso, pero el gobierno de entonces acordó con la empresa finalizar ambos reclamos, sin ningún pago de las partes.
Otro ejemplo es el de la Autoridad del Canal de Panamá, que ha tenido un rotundo éxito en la multiplicidad de procesos arbitrales que la entidad mantiene con el Grupo Unidos por el Canal. El complejo esquema de arbitraje, con dos instancias, no ha sido barrera para que la ACP defienda efectivamente los intereses de los panameños y derrote las reclamaciones del consorcio constructor del Tercer Juego de Esclusas.
Otro precedente importante que tiene que ver con una multinacional involucrada en actos de corrupción es el de la empresa Italiana Finmeccanica. El gobierno panameño, en su momento no quiso efectuar las reclamaciones civiles a la empresa italiana, derivadas de la corrupta contratación. Sin embargo, la reclamación panameña, a propósito de un nuevo gobierno pudo obtener unos 100 millones de dólares en beneficios para el país en el 2016. Ese precedente es importante porque se trató de una empresa condenada en su país por actos de corrupción en Panamá, situación bastante parecida con la de FCC.
Una vez definida la importancia para el país de un buen litigio, la otra gran tarea es la de identificar el equipo legal que administrará los litigios y el arbitraje.Aunque la Caja de Seguro Social es la entidad demandada, la responsabilidad de la defensa legal es de todo el Estado panameño. En realidad hay dos equipos legales: el que está compuesto por servidores públicos, y el conformado por las firmas de abogados extranjeras que llevarán los casos.
La estrategia legal de FCC parece focalizada en el arbitraje internacional en París, contra la Caja de Seguro Social, por el contrato de la Ciudad de la Salud. Lo más probable es que no se quiera discutir en ese tribunal arbitral la coima pagada por el contrato, ya que un soborno a un funcionario público es un delito en Panamá y en España,y además constituye un vicio de la voluntad de las partes que anula el contrato. En su momento, la CSS tendrá que entrar a formar parte de ese proceso arbitral. Sin embargo, en Suiza y en España se adelantan investigaciones sobre los sobornos pagados por la empresa constructora española en Panamá.
Estos sobornos no solo incluyen a la Ciudad de la Salud, si no una multiplicidad de proyectos estatales, incluyendo sobrecostos en una obra realizada para el Canal de Panamá. Los panameños no podemos permitir que la corrupción toque ni siquiera con una caricia a nuestro Canal, por lo que abundan las razones para emprender un litigio civil contra la empresa en España, que es donde existen las pruebas y las confesiones de los pagos ilegales efectuados por la empresa FCC en Panamá.
Del conjunto de la estrategia legal panameña debe encargarse un equipo muy serio conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Caja de Seguro Social. Es fácil encontrar talento dentro de las filas del Estado para conformar una comisión de alto nivel con gente como el Procurador de la Administración Rigoberto González, la viceministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, y Dani Kuzniecky por el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes liderarían los múltiples frentes legales de esta estrategia.
Ellos deberían coordinar con las firmas de abogados europeas (una en Francia y otra en España), y facilitar la compilación de documentos, la realización de peritajes y análisis, y la traducción de los informes necesarios por los tribunales. Esto no será barato, puede costarnos unos 5 millones de dólares, pero es una inversión responsable con los recursos del Estado, para recuperar otros recursos perdidos.
La empresa FCC tuvo una cotización en la bolsa de valores española de 8.28 euros por acción, el día 7 de septiembre. Seguramente el anuncio de que el Estado panameño vendrá con todo su arsenal legal, debe causar una reacción de cordialidad empresarial, pero no basta con un gesto. El Estado de Panamá tiene que litigar de forma pura y dura contra las empresas corruptas que facilitaron el saqueo de nuestro país.
