Mientras la ciudadanía de la capital de la República se lamentaba de la triste iluminación de Navidad contratada por el municipio a un costo millonario, otros procesos sociales evidencian un fenómeno más profundo y terrible para la democracia panameña: la desesperanza aprendida de ciudadanos y ciudadanas que se sienten impotentes ante tanto descaro y malestar social.
En espacio de pocos días se combinaron las pinceladas del macabro recuadro de la descomposición política y social que vive el país. Un joven hombre, desmembrado y decapitado, cuyo cuerpo apareció en bolsas dentro de un automóvil incendiado, y que luego se tuvo noticias que su cabeza apareció en otra bolsa en Kuna Nega a las espaldas de Cerro Patacón. La saña y la alevosía de tan atroz crimen, parece indicar que los causantes no son panameños, ya que quienes dominan semejante monstruosidad demuestran una frialdad solo producto de la práctica repetida del mismo tipo de crimen.
El contraste de semejante barbarie, sólo puede ser la comedieta de errores ejemplificada por nuestro sistema de justicia enfrentado al caso de dos mujeres asaltantes que atracaron a un ciudadano extranjero en la Vía Argentina. En un país, cuyo sistema de justicia penal ha sido hecho papilla por dos décadas de reformas ingenuas e irresponsables, las asaltantes terminaron con condenas ejemplares de la impunidad que se vive en el país. A pesar del uso de un arma punzo-cortante en contra de la víctima, la condena de una de las atacantes se convirtió en 300 dólares de multa, un poquito más de lo que el extranjero cargaba en su cartera. En cuanto a las cuchilladas, como el extranjero no se dejó matar o mutilar, la cosa terminará en un juzgado de paz, en el cual seguramente la atacante tendrá que copiar en un cuaderno 100 veces la plana de: “no debo robar a nadie”.
En otro caso que conozco, sucedido hace unos 5 años, a un pequeño ganadero lo atacaron en su casa cuando dormía. El atacante, un hombre joven con machete, lo iba a matar en la cama, pero la víctima se despertó y se pudo defender, ganándose una herida en la mitad del pecho. Con el estropicio el atacante huyó, y para cuando las autoridades lo capturaron, lo tuvieron que dejar libre ya que el Instituto de Medicina Legal determinó que la herida representaba una incapacidad de 15 días, y por lo tanto no era material para la justicia penal. En el juzgado de paz casi multan a la víctima, pero la justicia se impuso y sancionaron al atacante con un servicio comunitario. No valió argumentación alguna de que esto no se trataba de un caso de justicia de paz, sino de un delito mucho más grave, quizá hasta intento de homicidio, pero el Ministerio Público no estuvo interesado en el caso.
En otra parte de la República una fonda de la cual vivían 6 familias tuvo que cerrar, porque un hombre con obvios signos de enfermedad mental o adicción a psicotrópicos, descubrió que la fonda carecía de seguridad. Un día se llevó el tanquesito de gas, otro día un televisor, en alguna ocasión intentó llevarse el cajón que hacía de caja fuerte de la fonda. En repetidas ocasiones fue llevado ante el juez de paz, pero a pesar de las boletas de alejamiento, el individuo reiteraba su comportamiento. Empezó a acosar a las mujeres que visitaban la fonda, seguía a las que iban caminando hasta la parada de bus más próxima, y sobre todo a las que iban solas camino a su auto. La clientela se pasó la voz y dejó de acudir a la fonda. Media docena de familias se quedaron sin su ingreso porque ni el sistema de salud, ni el sistema de justicia fueron capaces de resolver un problema tan simple como este.
La ineptitud exponencial
En lo que va del siglo XXI, hemos tenido cinco gobiernos que cada lustro deben aprender a gobernar más allá de los proyectos personales y de algunas iniciativas emblemáticas, el resultado acumulado es el de un país cada vez más mediocre, en el que campea la corrupción, la inseguridad y domina la incompetencia en la gestión de servicios públicos y en la administración de los bienes del Estado.
La inseguridad ciudadana es un producto social intencional, no es un resultado accidental. La buena seguridad ciudadana proviene de una combinación de políticas públicas de excelencia y de una muy buena gobernanza. A su vez, la inseguridad ciudadana es el resultado de lo contrario. En los últimos 15 años se transformó a la fuerza de seguridad pública, a la justicia penal, a la justicia comunitaria, y se eliminó a la Policía Técnica Judicial. El año fiscal 2023 es el primer año en que el Ministerio Público, el Órgano Judicial, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibirán todo el presupuesto solicitado. Es decir, pese a la reforma tan amplia del sistema, en el 2023 será la primera vez que estas instituciones cuenten con el presupuesto mínimo para hacer su tarea.
La filosofía de la justicia penal panameña es garantista, predominantemente del procesado, imputado, acusado y condenado. El Código Penal permite convertir las penas de 48 meses de prisión o menos en días-multa. El Código Procesal Penal establece el acuerdo de pena que reduce a un tercio la condena por cualquier delito, siempre y cuando fiscales, imputados y abogados defensores, se pongan de acuerdo y un juez lo acepte. La víctima no tiene rol en este acuerdo.
El sistema de justicia comunitaria de paz se fundamenta en el principio de que la prisión no es una opción, y que las medidas alternativas son preferibles para resolver conflictos vecinales o pequeñas infracciones. El sistema se vuelve un chiste frente a las limitadas capacidades de atención de servicios sociales, y como resultado de una mentalidad facilista en la persecución del delito, en Panamá se castigan predominantemente los resultados, y no los actos efectuados. Así, quien le saca una cartera a otra persona del bolsillo irá a la cárcel si esa cartera tiene mucho dinero, y en caso contrario verá a un juez de paz. Ese sistema de justicia castiga a los pobres y promueve la impunidad.
Está comprobadísimo, por estudios especializados, que la conducta criminal va creciendo en intensidad frente a la mayor tolerancia o incompetencia de la sociedad. Quien empezó hurtando retrovisores y radios de un auto, pasa a robar autos, luego joyerías, y así sucesivamente.
Las cárceles panameñas no funcionan, no rehabilitan y para la gran mayoría de privados de libertad no causan escarmiento. Por el contrario, la prisión panameña recompensa a las pandillas, premia la corrupción de la policía, y promueve la profesionalización de los delincuentes. Las actividades educativas son muy limitadas, y el favoritismo combinado con la corrupción a lo interno de los penales, produce mucha arbitrariedad en las oportunidades educativas y en el acceso a iniciativas de reinserción social. Como todo se hace pagando, el privado de libertad depende aún más de la pandilla para su supervivencia básica, y para su funcionamiento dentro del propio penal.
Lo más impresionante de todo es que fiscales, jueces, abogados defensores y policías saben todo esto. Cuando estos actores del sistema de justicia vuelven a sus hogares, tienen que vivir entre rejas, puertas de seguridad, muros altos y cercas reforzadas. Ellos saben mejor que nadie que el sistema no funciona.
Si quiere entender cómo llegamos a esta situación de la justicia penal y de inseguridad pública, fíjese dónde y cómo están los juzgados y fiscalías. Plaza Ágora, donde funciona el sistema penal acusatorio, fue un supermercado, un montón de fiscalías funcionan en un local que fue parte de una mueblería, mientras que la Corte Suprema y los altos tribunales habitan en lo que era el Hospital Gorgas. En 32 años de democracia la justicia no fue prioridad, la reforma penitenciaria nunca fue tema de Estado, y desplegar cuerpos de seguridad enfocados en los problemas comunitarios fue un espejismo. Actualmente hay comisionados de policía que tienen más escoltas y vehículos policiales a su disposición, que los asignados a algunas zonas rojas del país.
Todo conspira a favor de la inseguridad. La mala condición de las calles acompañada de poca iluminación produce inseguridad. La fragilidad del sistema educativo y la ausencia de una buena oferta cultural y deportiva, produce inseguridad. Que una mujer tenga que caminar sola a una quebrada para buscar agua, porque el IDAAN no hace su trabajo produce inseguridad. Por supuesto que los maleantes del barrio sean los secuaces del representante de corregimiento, o sean o los promotores comunitarios del diputado, produce inseguridad. La impunidad de los crímenes de corrupción de alto perfil y la terrible desigualdad que hay en el país también producen inseguridad. Se nos han olvidado Mónica Serrano, Vernon Ramos, y la niña Aderlyn Mallenis Llerena Saldaña, ese olvido produce inseguridad. Los políticos y los criminales, que a veces cuesta diferenciarlos, saben de nuestro olvido y por eso quieren más inseguridad, porque con el miedo y la sensación de impotencia nos dominan mejor.
