Desde el punto de vista financiero, un banco “bueno” es aquel cuyo estado financiero refleja una solidez de sus operaciones, con un riesgo muy mínimo de su portafolio de deuda, y una alta capacidad de crecimiento sostenible de sus actividades. Para ser buenos bancos hay que obtener el pago de las deudas de todas las panameñas y panameños que perdieron su empleo, su negocio o su fuente de ingreso por la pandemia, y las medidas draconianas que tomó el Estado para enfrentarlas.
Por casi un siglo, Panamá no ha vivido un movimiento masivo de deudores. El último fue el movimiento inquilinario que entre 1925 y 1932, cambió la política del país, y generó una era de inestabilidad que duraría hasta la Segunda Guerra Mundial. Todos los grandes movimientos que le siguieron en el siglo XX fueron reclamos políticos. Las grandes protestas económicas quedaron restringidas a huelgas sectoriales, y a la gran Marcha del Hambre y Desesperación de 1959.
Ahora, a partir del 1 de octubre, se intensificará una etapa de incertidumbre económica cuando las medidas de moratoria de las acreencias bancarias concluyan. Las cifras que he escuchado hablan de 4 mil a 4,500 millones de dólares en deudas en estado crítico, que representan a unos 300 mil clientes. Dejar que el “mercado” resuelva esto, puede degenerar en un drama humano y una clase de conflicto social que este país no ha conocido en toda su historia republicana. El solo imaginarnos que decenas de miles de familias podrán quedar, a corto plazo, sin viviendas, o que los corrales arrendados por los bancos y financieras se llenarán de automóviles, es una invitación al desastre.
Lamentablemente, la política fiscal de los últimos 12 años ha colocado las finanzas públicas al borde del precipicio, sin la plena capacidad de intervención económica necesaria para reactivar el empleo, y así crear demanda que genere más empleo. Sin embargo, el hecho de que el Estado no tenga mucha capacidad de endeudamiento, no significa que las autoridades pueden cruzar los dedos esperando que nada catastrófico pase. Como todo en Panamá, el curso de acción tiene que ser innovador, el Estado panameño debe crear un banco malo.
El banco malo funcionaría de una forma muy parecida al Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés) que la administración del presidente Bush (hijo) creó en Estados Unidos en el año 2008 para enfrentar la crisis de las hipotecas subprime. Como Panamá no tiene máquina impresora de dinero, el esquema tendría que ser híbrido: un poco de deuda y bastante crédito fiscal.
Sí, hipotéticamente, estamos hablando de 4,500 millones de dólares en deudas en estado crítico, el banco malo las compraría a un valor de 90%. Esto significa 4,050 millones de dólares. Los bancos y financieras cargados con estas deudas le venderían al banco malo estos créditos a cambio de 90 centavos por cada dólar. El Estado emitiría un bono en la bolsa de valores por el 20% del valor de la deuda adquirida, digamos 810 millones de dólares. Ese es el abono inicial que recibirían los bancos y financieras por su deuda. Los 3,240 millones de dólares que faltan serían pagados con igual cantidad de créditos fiscales, con un vencimiento de 10 a 15 años. Es decir, que cada año los bancos y financieras podrían negociar créditos fiscales por un monto de 216 millones a 324 millones de dólares anualmente.
Para hacer atractiva la transacción, los créditos fiscales tienen que ser sumamente líquidos. Esto significa que se deben poder usar para el pago de todos los impuestos, tasas, tarifas y obligaciones con el Estado. Esto va para el impuesto sobre la renta, los aranceles, las multas, los alquileres, el ITBMS y también… el peaje por el Canal de Panamá. Esto último hace sumamente atractivo a la marina mercante mundial, la compra de ese crédito fiscal a una tasa de descuento que les represente un ahorro significativo en su uso del Canal de Panamá. En teoría esto sería tan bueno que las navieras aumentarían sus cruces por el Canal, aumentando la carga de los puertos, la compra de combustibles y alimentos, así como de otros bienes y servicios relacionados con la industria marítima. Los créditos fiscales vendidos anualmente no excederían el 10% de los ingresos del Canal, por lo que tendrían un efecto mínimo sobre las finanzas públicas a largo plazo.
Resuelto los bancos…
Ahora que los bancos y financieras ya se quitaron de encima la deuda de alto riesgo, tenemos que voltear la mirada hacia los deudores. Aquí es donde el banco malo adquiere su verdadero nombre “Banco Solidario” o “Banco Sol”. No es que ahora el gobierno va a nombrar un pocotón de gente, alquilar oficinas carísimas, arrendar autos de lujo, y todo lo demás. El Banco Sol es una ficción jurídica, una suerte de fideicomiso que podría ser administrado por la Caja de Ahorros, que haría las gestiones de negociación y cobro con los deudores. Para que el Banco Sol cumpla con su principal propósito de generar paz social en este país, propongo que los deudores se les extienda el periodo de inicios de sus pagos hasta enero de 2023, y que por 2 años solo paguen las letras correspondientes al abono de capital. A partir del 2025, los deudores de Banco Sol empezarían a pagar capital e intereses. Todos los préstamos de automóviles serían convertidos a préstamos personales, con menores letras y mayores periodos de pago. Igual con las hipotecas y los otros préstamos.
Ahora viene la parte más valiosa de esta propuesta. Banco Sol tendría 2,8 millones de accionistas. Por la magia de la AIG, ya sabemos que se puede tomar el padrón electoral y crear un archivo para la aplicación de dos vacunas. Tomemos esa misma magia y repartamos una acción de Banco Sol a cada ciudadano panameño mayor de 18 años, según el padrón electoral del 31 de diciembre del 2021. Cada panameño o panameña tendría una acción con un valor de 1,607 dólares cada una (el monto de la deuda comprada por el Banco Sol entre la cantidad de accionistas). Cada año en diciembre la acción de Banco Sol pagaría un dividendo que podría ser de alrededor de 83 dólares, los primeros 2 años y un poco más de 120 dólares, a partir de 2025, por cada acción (los dividendos son el resultado de los pagos de los préstamos divididos entre la cantidad de accionistas). Como la Caja de Ahorros es la que administra la cartera de crédito de Banco Sol, el dividendo lo pagaría el banco de la familia panameña.
El valor de la acción de Banco Sol parecería ridículo e insignificante para mucha gente, pero hay que tomar en cuenta que antes de la pandemia ya un 16% de los panameños estaban en pobreza extrema. Con la pandemia esta cantidad fácilmente puede subir a 25% o más. La acción de Banco Sol les permitiría pagar deudas, pedir préstamos, o cumplir con obligaciones del Estado. La ley establecería que la acción de Banco Sol debe ser aceptada por los bancos y financieras, a su valor facial. Esto permitiría, a los 300 mil deudores, que originaron todo esto, pagar un abono a su propia deuda. Es factible que en cuestión de 6 meses o menos, la mitad de las acciones de Banco Sol hayan pasado a manos de bancos, financieras, agencias de autos, mueblerías, tiendas de artículos electrónicos y hasta al propio Estado. Este aspecto no importa, porque se habría distribuido riqueza y activado la economía.
Todo esto parece un sueño utópico o una operación de ingeniería financiera cargada de contabilidad creativa. En realidad, lo que pretendo es que todos y todas empecemos a pensar en cómo resolver un problema que muy pronto puede salirse de las manos. El que lo ha perdido todo, no tiene nada que perder respaldando opciones políticas populistas y anti bancarias. Mejor es que los deudores de hoy, y los ciudadanos que pagamos un Estado ineficiente, nos convirtamos en los accionistas de un banco del mañana.
