Hay un secreto de la sociedad civil, que en todas partes del mundo explica el problema fundamental de muchas luchas sociales. La sociedad civil organizada: sindicatos, gremios profesionales, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones campesinas y otras similares, están tan acostumbradas a la derrota que no saben reconocer cuando han tenido una victoria, por lo que terminan saboteándola.
Pasó en 1979 con la lucha docente contra la reforma educativa del régimen militar. Esas fueron las más grandes protestas que había enfrentado la dictadura hasta esos momentos. Las organizaciones docentes y el respaldo del pueblo panameño tumbaron la reforma educativa y desde entonces los educadores y educadoras no han parado de protestar con o sin causa, y la educación panameña quedó a la deriva.
El nacimiento de una concesión
En 1963, la Alianza para el Progreso del gobierno de los Estados Unidos decidió que la minería metálica sería un buen complemento para el modelo de desarrollo panameño. En 1968, el Programa de Naciones y Unidas para el Desarrollo (PNUD) mapeó los dos principales yacimientos de cobre del país: Petaquilla y Cerro Colorado. Los militares se pasaron 19 años, entre 1969 y 1988, legislando y negociando para conseguir una empresa multinacional que se encargara de hacer real la utopía minera.
Le correspondió a la era democrática, que arrancó el 20 de diciembre de 1989, el honor de otorgar la concesión de exploración de la mina de Petaquilla en 1991 y la de explotación en 1997 con el contrato ley 9 de ese año.
Después de eso todos los gobiernos, sin importar si eran panameñistas, PRD o Cambio Democrático, empujaron la carreta minera para que la megamina de Donoso fuera una realidad. A pesar de dos fallos de inconstitucionalidad, en 2017 y 2021, la clase política panameña cometió un harakiri minero, y se enterró más en el peligroso rejuego de ignorar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
La gran equivocación
Los errores del paradigma del contrato minero y la impresionante lectura equivocada del resentimiento ciudadano provocaron lo que tenemos. Esta es una creación de la clase política panameña.
La reacción masiva e inesperada de rechazo popular produjo una enorme victoria, el gobierno y la clase política aceptaron una moratoria minera por tiempo indefinido que es la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023. Solo Costa Rica y El Salvador tienen moratorias mineras parecidas. Somos tres países en el mundo.
Sería de esperar que las poblaciones campesinas de Tonosí y de Cañazas se manifestaran intensamente para obtener de parte del Ministerio de Comercio e Industrias las resoluciones que ordenen el cierre de la mina de Cerro Quema y de Vera Gold respectivamente. Entonces, tendría todo el sentido del mundo exigir a este ministerio en su sede principal que emita estas resoluciones.
Es importante reconocer que esas resoluciones son el primer paso, las empresas tienen el derecho de apelar las mismas y seguramente esto terminará en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Como debe ser con todo conflicto o controversia entre derechos de particulares y derechos de la colectividad, deben ser dirimidos de forma institucional por las entidades con competencia para estos fines, en este caso la Corte Suprema de Justicia.
El estado de Derecho ambiental
Igual pasa con el contrato ley 406 del 20 de octubre de 2023, el contrato de la discordia. Hay 9 demandas de inconstitucionalidad contra este contrato ante la Corte Suprema de Justicia. En las seis opiniones de los procuradores sobre estas demandas, que ya están en poder de la Corte Suprema de Justicia, se ha dicho que el contrato es inconstitucional. En las otras tres demandas el Procurador General Encargado Javier Caraballo, ya dijo públicamente que las tres opiniones que le corresponden van a reafirmar lo mismo que las seis anteriores: el contrato es inconstitucional.
La Corte Suprema de Justicia ya falló en diciembre de 2017 y en junio del 2021 que el contrato ley 9 de 1997, antecedente inmediato del contrato ley 406, era inconstitucional. Ocho de los nueve magistrados y magistradas que integran la Corte Suprema ya votaron en el año 2021, que un contrato minero sumamente parecido al actual era inconstitucional.
Si se toman en cuenta todos los términos que establece el Código Judicial, la Corte Suprema deberá fallar este caso a finales de noviembre o a principios de diciembre. Quizás sea demasiado tiempo para la crisis actual, pero ese es el debido proceso, si nos saltamos procedimientos para obtener resultados convenientes, nos irá muy mal en el arbitraje internacional y nos irá peor con la preservación de la democracia
En cuanto al ataque al estado de Derecho, la trampa consiste en promover la duda y manipular la información que llega a los grupos que protestan. Se les ha dicho que la magistrada presidenta de la Corte Suprema está comprada, que es socia de este y de aquel, o incluso que la Corte va a declarar que el contrato es constitucional o que va a dar un fallo en el que declare que solo ciertas cláusulas del contrato son inconstitucionales y las demás no. Todas estas son patrañas.
La historia jurisprudencial de la Corte y las opiniones de los dos procuradores ya sugieren un resultado. Además, la Corte Suprema no puede hacer una declaratoria de inconstitucionalidad parcial, porque lo que es inconstitucional es intrínseco y esencial a la formación del propio contrato: no hubo licitación pública internacional, no hubo consulta pública apropiada para este contrato minero, la Asamblea Nacional violó la Constitución al recomendarle al Órgano Ejecutivo que retirara el contrato para modificarlo, y la cerecita del pastel, la empresa canadiense no puede tener una concesión en Panamá porque entre sus propietarios hay gobiernos extranjeros. Estas cuatro infracciones justifican la demolición constitucional de un contrato perverso en su totalidad.
Existen políticos de muy alto perfil responsables de actos de corrupción de igual talante, a los que les conviene que se deslegitime a la Corte Suprema, ya que sus propios casos y los de sus familiares cercanos están en manos del Órgano Judicial, que por primera vez en más de dos generaciones se acerca a ser una Corte Suprema independiente.
¿Por qué los grupos de izquierda quieren una derogatoria inmediata del contrato ley 406? Si estos fueran los primeros días de la protesta, la respuesta sería obvia, al principio había mucha confusión sobre la hoja de ruta a seguir.
Ahora numerosos juristas reconocidos empezando con el doctor Carlos Bolívar Pedreschi, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Graciela Dixon, el exmagistrado Jerónimo Mejía, el jurista Publio Cortés, así como los abogados litigantes Juan Ramón Sevillano, Martita Cornejo, Harley Mitchell Morán, al igual que el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, y el Movimiento de Abogados Gremialistas, así lo han señalado.
En esa misma línea, especialistas en arbitraje internacional comercial como el doctor Fernando Gómez han coincidido en que la mejor vía para defender los derechos de Panamá y respetar a la institucionalidad es a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Así también se han pronunciado todos los obispos católicos, las autoridades evangélicas, el Comité Ecuménico de Panamá y el Comité interreligioso de Panamá.
Convocar a un cierre total del país es fácil y muy irresponsable. Solo basta trancar algunos puntos estratégicos del inadecuado sistema de carreteras para detener el flujo comercial, la circulación de vehículos particulares, así como de ambulancias, camiones con alimentos, tanques cisternas con combustible o cualquier insumo para el funcionamiento de la vida nacional.
Bloquear y trancar a todo el país para imponer un capricho no es una demostración de fuerza, si no de debilidad y arrogancia.
Ese día que todo está trancado y nadie podrá ir a su trabajo, al comercio o a la búsqueda de algún ingreso, o a la realización de alguna diligencia personal, la ciudadanía será rehén del liderazgo de este movimiento reaccionario y verdaderamente fascista, que tendrá comida en su casa, dinero en su bolsillo y todas sus demás necesidades cubiertas.
Ellos y ellas quieren subvertir y sabotear al estado de Derecho para quitarle a los jóvenes de este país, a los campesinos, pescadores, estudiantes, amas de casa, empresarios y ciudadanos libres el triunfo de la moratoria minera y el triunfo venidero de un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.
Ellos y ellas necesitan una derogatoria inconstitucional para complacer sus egos, debilitar al estado de Derecho y desmoronar a una economía que es muy imperfecta, pero que es la envidia de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El camino del estado de Derecho es largo y rutinario. Después del fallo de inconstitucionalidad el gobierno deberá tomar medidas administrativas y regulatorias para ordenar la suspensión de labores de forma responsable. Muy probablemente el próximo gobierno deberá tener un equipo técnico legal para enfrentar el arbitraje internacional con la empresa minera y tendrá que contratarse una auditoría ambiental para obtener la información precisa del daño ambiental que sufrió el país para incluirlo en la reclamación arbitral. Será un proceso largo que tomará años en producir un resultado jurídico en un panel de arbitraje.
Esto tendrá que ser acompañado de un proceso operativo para gestionar el cierre de la mina y atender las necesidades económicas de los miles de trabajadores y de las comunidades cercanas a la mina.
Este es un gran triunfo para la sociedad civil panameña, y un espaldarazo al estado de Derecho, dejar que un grupúsculo que manipula, miente y distorsiona decida el resultado de esta lucha cívica sería repetir el error de la prolongada mesa única del diálogo en Penonomé el año pasado. Lo único que ellos y ellas buscan es la taquilla, que todos los demás ciudadanos y ciudadanas de este país les negaron.
