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¿Puede el cannabis medicinal curar a la economía panameña?

¿Puede el cannabis medicinal curar a la economía panameña?
En Panamá, el proyecto de ley No. 153, sobre la legalización del cannabis medicinal está estancado. Archivo

Un estimado de 2019 sugiere que el mercado mundial del cannabis medicinal es de 55 mil millones de dólares y en rápido crecimiento. Según la empresa New Frontier Data, de Washington, D.C., hay en el mundo unas mil 200 millones de personas con afecciones médicas que pueden aminorarse con el cannabis medicinal. Al menos 50 países ya lo han legalizado. El primer productor mundial de cannabis medicinal es Canadá, el mismo país de donde son originarias algunas de las más grandes empresas mineras del mundo.

La planta de cáñamo de la cual proviene el cannabis medicinal no tiene componentes de la marihuana psicoactiva. “La Organización Mundial de la Salud, ya se ha pronunciado sobre este tema y ha asegurado que tanto el cáñamo como los productos derivados del CBD, no contienen ningún efecto psicoactivo.”, según afirma el portal Business Law Partners (BLP), por lo que su consumo no tiene los efectos narcóticos atribuidos a la marihuana. En América Latina, México, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia ya legalizaron el cannabis medicinal y Costa Rica lo está discutiendo con el proyecto de ley No. 21388, presentado por la diputada Zoila Volio.

La Agencia de Promoción Exportaciones de Colombia, ProColombia, hizo un estudio en 2018 acerca del potencial de la industria del cannabis medicinal en ese país. Se estimó que Colombia podía llegar a producir 40 toneladas anuales de cannabis medicinal, creando más de 21 mil empleos y representando exportaciones por 5 mil 918 millones de dólares, generando unos 1,020 millones de dólares en ingresos anuales al Estado colombiano. Las principales empresas canadienses de producción de cannabis medicinal, ya se establecieron en Colombia, aprovechando lo que ese país les ofrece.

En Panamá, el proyecto de ley No. 153, sobre la legalización del cannabis medicinal está estancado por lo que parece ser la mezcla de los intereses creados de algunos diputados y la ignorancia de otros. El proyecto tiene une elementos humanitarios y de salud pública, que lo hacen urgente. Es necesario para muchas familias panameñas, que deben adquirir medicamentos costosísimos para atender problemas de salud, que el uso del cannabis medicinal pudiera mitigar y en algunos casos sanar. Sin embargo, el elemento de desarrollo económico del cannabis medicinal no está realmente potenciado en ese proyecto de ley.

Panamá puede convertirse en una potencia exportadora de cannabis medicinal. Nuestros suelos son aptos, y existe una gran disponibilidad de mano de obra. El país cuenta con una excelente logística, que facilitaría la exportación a cualquier destino del mundo.

Una plantación dedicada a la producción de cannabis medicinal no requiere de muchos costos, ya que mientras en Europa y Norteamérica, se usan invernaderos, hangares y hasta cultivo hidropónico, para el cannabis, en Panamá contamos con sol y humedad todo el año. Aclaro un cultivo de cannabis medicinal no representa el riesgo al orden público y a las normas sociales que pudiera representar la marihuana.

En cambio, la producción orgánica de cannabis medicinal podría servir para que nuestro sector agropecuario mejore sus ingresos, o para que inversionistas nacionales y extranjeros, generen rendimientos muy interesantes a partir de la producción de cannabis medicinal.

Según un estudio de prefactibilidad de la Universidad de Antioquia en Colombia, una inversión de 4,5 millones de dólares en producción de cannabis medicinal puede dejar ingresos acumulados al quinto año de unos 22 millones de dólares. Además, si usamos el estimado de Procolombia, podemos entender que con mucha menos inversión y riesgo ambiental y social que el de una empresa minera, podemos exportar casi el doble de lo que promete la minería de cobre, con 7 veces más empleos, sin dañar el ambiente. Solo se necesita aprobar una buena ley, y buscar buenos socios que respeten al Estado panameño, y paguen lo que le corresponde a un país que les ha abierto las puertas a sus inversiones.



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