En la Asamblea Nacional se encuentra el anteproyecto de ley 115 que pretende hacer una reformita de dos artículos al Código Electoral, para permitir que los partidos políticos que formen alianzas, puedan tener dos candidatos o candidatas a diputaciones por residuo. Esta propuesta revela mucho con lo que pretende ser, y a la vez retrata de cuerpo entero a la partidocracia.
Desde que en 1983 se hizo una nueva Constitución Política en letra y en espíritu, pero no en nombre, se inyectaron importantes principios de la democracia moderna a la política panameña. Uno de estos es el referente a la elección de diputados en los circuitos plurinominales, en los cuales debe aplicarse la “representación proporcional”, como lo dice el numeral 1 del artículo 147 de la Carta Magna. Esta es la única parte de la Constitución en la que se menciona dicho término.
Según el Diccionario Electoral del Instituto Nacional de Estudios Políticos de México, el término “representación proporcional” significa: “... un método de elegir representantes que consiste en la relación directamente proporcional entre el número de votos emitidos por los electores y la distribución de los escaños entre los partidos políticos contendientes en un proceso electoral.”. Quizás un ejemplo aclare mejor este concepto. Si en una elección se van a escoger 10 diputados o diputadas, y solo hay 50 votos, el partido político que obtuvo 25 votos tendrá 5 diputaciones, el que obtuvo 15 votos obtendrá 3 diputaciones y el que sacó 10 votos recibirá 2 diputaciones.
Ahora bien, en el caso panameño la representación proporcional tiene buen tiempo de no estar funcionando en materia de la distribución de escaños parlamentarios. Tómese por ejemplo la elección del año 2019. La alianza PRD-Molirena fue la ganadora con un respaldo del 33.35% del electorado. De existir en Panamá una verdadera representación proporcional, esta alianza tendría 24 diputados y diputadas en la Asamblea Nacional (22 del PRD y 2 del Molirena). En realidad el PRD tiene 35 diputados y diputadas, y el Molirena tiene 5, esto significa que entre los dos tienen 16 diputaciones de más. En contraste, el partido Cambio Democrático y sus aliados obtuvieron 30.99% de los votos, esto representaría 22 curules en la Asamblea, pero fraccionado el partido tiene 18, es decir, su representación legislativa no corresponde a su voto electoral.
Esta enorme distorsión de la representatividad legislativa se debe a una combinación de factores. En primer lugar está el “residuo” que se lo quitaron a los partidos minoritarios y se los pasaron al más votado. En segundo lugar está la capacidad de cada organización política de movilizar a sus votantes y cuidar sus votos. En tercer lugar está el conjunto de malas prácticas electorales del clientelismo, extorsión con fondos públicos y por supuesto la desigualdad en el acceso a recursos del Estado.
El origen del secuestro
La Asamblea Nacional tiene secuestrada a la democracia panameña, y los principales síntomas de esto han sido una parte importante de las grandes distorsiones en la acción de gobierno y uso de fondos públicos causadas por estos diputados y diputadas. La Asamblea Nacional ha multiplicado por un factor de diez su presupuesto desde 1994. No hay institución alguna que se acerque a esta magnitud del crecimiento de su gasto. En este gobierno la Asamblea mató las reformas constitucionales, así como a la extinción de dominio y desbarató las reformas electorales. Ahora vuelve el ataque contra el sistema electoral.
El eslogan de: “no a la reelección” esbozado en contra de la cofradía de diputados y diputadas en las elecciones pasadas, sirvió para una importante barrería de vacas sagradas y dinosaurios, aunque posiblemente se quedaron los peores. Ahora que los grupos independientes se han organizado mucho mejor, y con el poder ciudadano del ejemplo iniciado por Ana Matilde Gómez y luego de los cuatro fantásticos: Broce, Fernández, Silva y Vásquez, ahora son muchos más los que se han tirado al ruedo. Por supuesto existe el Movimiento Otro Camino que también está postulando a candidatas y candidatos provenientes de la libre postulación.
Esto es lo que le da miedo a la diputadocracia. Un cambio generacional y de mentalidad que los manda a todos y a todas a sus casas. Para algunos esto significará el fin del negocio, mientras que para otros y otras será el inicio de las visitas al Ministerio Público, a la Fiscalía General de Cuentas y al sistema penal acusatorio. La reforma electoral que quieren hacer a última hora es otro blindaje más, una barrera aún más alta contra las candidaturas de libre postulación y una fuente de profunda injusticia.
Si alguna vez se pueden dar reformas constitucionales sin censura, se deberían eliminar los residuos, los votos planchas, las donaciones privadas y la reelección. La representación legislativa, municipal o de corregimiento, dejó de ser lo que correspondía para convertirse en una fuente inagotable de riquezas, nombramientos en la planilla del Estado, proyectos con sobrecosto, becas arbitrarias, nepotismo, conflicto de intereses, tierras del Estado a precios de ganga y por supuesto, el inolvidable: “¿que hay pa’mí?”. Lo que quieren con su reforma es evitar la debacle. No podrán, lo que viene es un tsunami de integridad.
