México y CIDH formalizan acuerdo para investigar caso de estudiantes desaparecidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmaron, cada una por su lado, la oficialización del acuerdo de asistencia técnica que permitirá designar un Grupo Interdisciplinario de ese organismo, que participará de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, plagiados el pasado 26 de octubre y que según confesiones obtenidas por la Procuraduría General -aunque sin evidencias de ADN aún- habrían sido asesinados por miembros del cartel Guerreros Unidos.



En los sitios web de la Secretaría y de la CIDH constan sendas notas en las que se detalla que la oficialización del acuerdo se realizó este 18 de noviembre en el Distrito Federal.



Según una transcripción de sus declaraciones disponible en el sitio web de la Cancillería, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, explicó que “el grupo de expertos se definirá a partir de ahora, en conjunto entre todas las partes. Hemos convenido establecer un grupo de contacto para facilitar la comunicación. Esta misma tarde [martes 18 de noviembre] comunicaremos a la CIDH los nombres de los miembros del gobierno que formarán parte de ese grupo de enlace”, dijo el funcionario. Sin embargo, hasta ayer, la lista no había sido divulgada por ninguna de las dos partes.



Según la Secretaría, el documento fue suscrito por Gómez Robledo, la subsecretaria para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García; la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, en representación de la Procuraduría General de la República; Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos; Miguel Agustín Pro Juárez, a nombre de los beneficiarios de las medidas cautelares; y, por parte de la CIDH, el comisionado James Cavallaro, relator para México, así como Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo.



“Con este paso hemos reafirmado esa voluntad del presidente de la República, expresada también en la minuta del encuentro que sostuvo con los familiares y sus representantes hace dos semanas aproximadamente, y seguiremos dando cuenta a la opinión pública de cuánto ocurra en el marco de instrumentación de este acuerdo de asistencia técnica”, agregó Gómez Robledo tras la firma de un “Adendum” que permitirá la “plena instrumentación” del acuerdo.



El pasado 12 de noviembre, la CIDH anunció que tras acordar los términos de un acuerdo tripartito “a ser firmado con el Estado de México y con las organizaciones no gubernamentales que representan a los estudiantes víctimas de desaparición forzada de Iguala y sus familias”, la comisión seguiría los procedimientos internos establecidos por la OEA para suscribir el acuerdo.



En un comunicado disponible en su sitio web la CIDH informó ese día que: “Cualquier apoyo técnico de la Comisión incluirá medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Iguala”.



En la ceremonia de oficialización del acuerdo, el comisionado Callavaro explicó de qué manera la entidad tuvo conocimiento de la situación de los estudiantes desaparecidos en Iguala, así como del otorgamiento de las medidas cautelares. 



Callavaro manifestó que entre las atribuciones del grupo se encuentran: “El análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre”.



El relator de la CIDH para México también precisó que el grupo de expertos tendrá una duración inicial de seis meses y podrá ser extendido el tiempo que sea necesario.



Indicó que la reiterada jurisprudencia del sistema interamericana ha establecido que “el deber de investigar hechos de esta naturaleza subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida, pues el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con todos los medios a su alcance”.  



ENRIQUE PEÑA NIETO DENUNCIA PLAN DESESTABILIZADOR



En medio de las protestas violentas que han seguido registrándose en México por la desaparición de los 43 estudiantes, la agencia de noticias EFE reportó la noche del martes que el presidente Enrique Peña Nieto denunció que existe un plan para desestabilizar el país y “atentar” contra su proyecto de gobierno.



Según EFE, el mandatario advirtió que “al amparo del sufrimiento de los padres de familia, al amparo de esta consternación social que hay por los hechos de dolor y de horror” se han producido manifestaciones “que a veces no está claro su objetivo”.



“Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”.



Las declaraciones, ofrecidas el mismo día que se oficializó el acuerdo con la CIDH, fueron hechas en un acto público, en el cual el mandatario aseguró que su Gobierno ha sido “solidario con el dolor” que ha causado la desaparición de los estudiantes, a manos de policías locales y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, según la investigación oficial.



Por otro lado, Peña Nieto anunció ayer -tras las declaraciones de la Primera Dama, Angélica Rivera, sobre la propiedad de la mansión en Lomas de Chapultepec, valorada en unos $7 millones según la investigación de Aristegui Noticias- que a partir de hoy hará pública la totalidad de su declaración patrimonial en los medios electrónicos en donde hasta ahora se encuentra disponible en forma parcial. A través de un comunicado disponible en el sitio web de la Presidencia de México.



Peña Nieto señala que “ante lo que ha hecho mi esposa, y en el ánimo de realmente ganar la confianza de la sociedad, he decidido hacer pública la totalidad de mi declaración patrimonial, hacerla abierta, hacerla pública, y dejarla al escrutinio de toda la sociedad mexicana”.



Agrega que “como Presidente de la República, aprecio y valoro más la confianza de los mexicanos que el derecho a la confidencialidad que puedo obtener eventualmente como servidor público”.



Por último aplaudió la acción de su esposa: “Yo preguntaría: quiénes o cuántos se atreven a hacer públicos sus bienes, su patrimonio, los ingresos que tienen, y ella decidió hacerlo”, “porque prefirió optar por la verdad, ante los señalamientos que estaban haciendo sobre ella, sobre su familia, sobre el propio Presidente de la República.Yo, por eso, no tengo más que palabras de gratitud, de reconocimiento y de cariño para con mi esposa”, señala el comunicado.