Defensora y Contralora deben responder por diseño: Alvin Weeden

El excontralor general de la República Alvin Weeden se sumó a las críticas surgidas tras el desembolso de $249 mil 845 por parte de la Defensoría del Pueblo para trabajos de diseño gráfico en la institución a la empresa Imaginarium Studio, S. A., presidida por Jean Paul Ortega, miembro del oficialista Cambio Democrático (CD).Ante este hecho, Weeden solicitó que tanto la defensora del Pueblo, Patria Portugal, como la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, respondan penalmente por refrendar dicho contrato a un costo tan excesivo cuando a la vista se refleja que es imposible que el trabajo cueste $249 mil.“Es increíble que la contralora haya refrendado semejante contrato. Ella debe responderle al país. Además es delictivo lo que la Defensora del Pueblo está haciendo con los fondos públicos”, expresó.Weeden agregó que “es censurable la acción realizada por Portugal, ya que ha caído en una acción corrupta. Es lamentable que una institución realice semejante contrato”.Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, consideró que el contrato merece una explicación por parte de la defensora, Patria Portugal. “La defensora le debe una aclaración al pueblo. No entendemos cómo se malgasta un cuarto de millón de dólares para diagramación y diseño de la institución, [cuando] ya tiene en su planilla diseñadores y diagramadores gráficos”, sostuvo.El contrato, disponible en PanamáCompra, fue concedido apenas cuatro meses (14 de marzo de 2012) después de que se inscribiera la compañía en el Registro Público (24 de noviembre de 2011), cuyo presidente es Jean Paul Ortega Ramírez, de 23 años, nacido en Playa Leona, La Chorrera, y miembro del colectivo de gobierno CD. Otros sectores del país también han cuestionado el contrato.En tanto la Defensoría del Pueblo, a través del departamento de Relaciones Públicas, reaccionó con un escueto mensaje: “El contrato fue refrendado por la Contraloría General cumpliendo con todos los pasos y procedimientos que establece la ley”.