Chiriquí, 07 de abril de 2026. Ante el aumento de narrativas no sustentadas en evidencia técnica sobre el proyecto Puerto Barú, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) y Fundación Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOMRO) reitera su compromiso con la transparencia y advierte sobre el uso de estrategias de desinformación que buscan manipular la opinión pública. Estas acciones, que replican patrones de manipulación observados anteriormente en el país, intentan confundir a la ciudadanía mediante información sesgada que obstaculiza el análisis objetivo de esta anhelada inversión estratégica para la región.
El análisis de los contenidos difundidos revela una articulación que trasciende lo local. En ella participan actores internacionales y organizaciones de activismo ambiental que han amplificado mensajes sesgados en plataformas digitales y medios extranjeros. Tales acciones parecen alinearse con intentos reiterados por frenar una inversión extranjera que resulta crucial para la generación de empleo y el dinamismo económico de la provincia de Chiriquí.
En este escenario, no se descarta la convergencia de intereses particulares vinculados a actividades económicas en el Golfo de Chiriquí que priorizan el beneficio individual por encima del bienestar y desarrollo de la región. Esta posibilidad obliga a examinar, con mayor rigurosidad, los incentivos subyacentes detrás de ciertas narrativas.
Es fundamental resaltar que la empresa promotora de Puerto Barú mantiene una presencia sólida en la provincia desde hace más de cinco años. Durante este periodo, sus inversiones sostenidas y un historial comprobado de impacto social en las comunidades locales dan cuenta de un compromiso real con el desarrollo responsable y el bienestar del territorio.
En la CAMCHI y el CECOMRO observamos con preocupación que, tras más de dos años de espera de un fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia, se intensifiquen acciones que buscan incidir en el entorno de decisión mediante la generación de presión social; lo cual no contribuye al respeto de la institucionalidad ni de los procesos legales del país.
En un contexto donde Chiriquí enfrenta una necesidad urgente de generación de empleo, resulta fundamental analizar este tipo de proyectos con una visión responsable y basada en evidencia, considerando su impacto directo en las oportunidades de progreso para miles de familias.
Panamá requiere fortalecer la seguridad jurídica como pilar fundamental para atraer inversión extranjera. Esto implica garantizar reglas claras, procesos transparentes y el respeto a las decisiones de las autoridades competentes cuando estas se han dado conforme a la ley. Debilitar estos principios envía señales negativas que afectan la confianza y la competitividad del país.
El proyecto Puerto Barú representa una oportunidad estratégica para avanzar en el desarrollo económico y social de la región, dentro del marco del cumplimiento ambiental y legal vigente.
¡Sí al Puerto Barú en David!
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