En mi calidad de especialista en derecho ambiental, con décadas de ejercicio profesional en el estudio, defensa, creación y aplicación de esta materia en Panamá, considero necesario hacer algunas precisiones respecto del documento elaborado por LYNKER, el cual está siendo utilizado por ciertos grupos y organizaciones en relación con el proyecto Puerto Barú.
Es importante aclarar que el documento de LYNKER corresponde a una opinión técnica evidentemente comisionada, y no a un estudio científico ni a una evaluación ambiental realizada conforme a los estándares y procedimientos que exige la normativa panameña.
Para efectos de claridad, estos son los principales elementos que deben ser considerados por la opinión pública:
LYNKER no realizó visitas de campo ni trabajo técnico en sitio en el área donde se desarrollará el proyecto.
LYNKER no desarrolló mediciones propias en el tiempo, ni el sitio, por lo que sus conclusiones no están basadas en datos científicos, ni muestras tomadas directamente en el área.
LYNKER no ha sido transparente en la metodología utilizada, lo que limita la trazabilidad y validación técnica de sus conclusiones.
LYNKER presenta un claro conflicto de interés, evidentemente comisionada, emitiendo en lugar de un criterio científico verdadero, una validación de lo que ya sostenían sus comisión antes en sus apariciones públicas.
LYNKER no se encuentra habilitada en Panamá para elaborar estudios de impacto ambiental, ni su equipo cuenta con las acreditaciones requeridas por la normativa nacional.
Es fundamental recordar que el proyecto Puerto Barú cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental categoría III aprobado por el Ministerio de Ambiente de la República de Panamá, resultado de un proceso técnico extenso, desarrollado durante más de tres años por un equipo multidisciplinario de profesionales panameños, bajo criterios científicos y conforme a la legislación vigente.
Panamá ha construido, a lo largo de los años, un marco ambiental sólido, con instituciones, normas y profesionales capacitados que garantizan evaluaciones serias y responsables. Desconocer estos procesos o intentar deslegitimarlos con opiniones que no cumplen dichos estándares no contribuye al debate técnico ni al interés nacional.
Como abogado especialista y como panameño, hago un llamado a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales, a valorar el rigor de nuestros procesos institucionales y a defender, con criterio y responsabilidad, la seriedad con la que en Panamá se abordan los temas ambientales y el desarrollo sostenible del país.
Harley Mitchell Morán
Abogado
Panamá 24 de abril de 2026
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