Ninguna acera, en Panamá o en cualquier lugar del mundo, fue creada para que un carro se subiera a ella. Esta práctica, muy común en la ciudad y sobre todo en el Corregimiento de San Francisco, no había sido fiscalizada por décadas, y la había convertido en una práctica normal. Por eso, durante estos dos años de recuperación de aceras en San Francisco, muchos locales se frustran al ver que “pierden estacionamientos” que en realidad nunca tuvieron. Pero, la antigüedad de una práctica no la convierte en ley ni en derecho. Permitir que un local conserve sus estacionamientos ilegales solo porque los ha tenido por décadas es como decir que la corrupción debería continuar porque siempre ha existido. Como autoridad municipal es nuestro deber recuperar las aceras y la caminabilidad de nuestro corregimiento, aunque eso implique incomodar y frustrar a quienes se han beneficiado durante años de esta falta de fiscalización y del juega vivo urbanístico.
Buena parte del San Francisco comercial de hoy nació sobre estructuras que originalmente fueron residencias, donde antes vivía una familia de cinco personas, hoy se encuentra un establecimiento que recibe decenas, incluso cientos de personas diariamente. Personas heredaron la casa de su abuela y la convirtieron en otro uso sin seguir las normas. Esa nueva intensidad exige otro tipo de infraestructura: estacionamientos, accesibilidad, acueductos y manejo de desechos que la propiedad original nunca contempló. El instrumento que acredita si un local puede operar con la infraestructura que tiene, es el permiso de ocupación emitido por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá. Este dicta, entre otras cosas, cuántos estacionamientos debe tener un local según su actividad. En San Francisco, alrededor del 90% de los establecimientos comerciales tiene trámites pendientes o no cuenta del todo con este permiso. Aquí se generan los primeros culpables de los estacionamientos ilegales: décadas de gobiernos incompetentes con la burocracia que tanto nos caracteriza en el país de la tajada de sandía.
A pesar de esto, el Estado panameño no es el único responsable, los dueños y desarrolladores de locales también tienen mucha responsabilidad.
Existen varias instancias donde los planos presentados y aprobados por las instituciones, terminan siendo distintos. Si bien esto demuestra que necesitamos una fiscalización más urgente y sanciones más rápidas y eficientes, también demuestra una falta de ética profesional. Construir o remodelar un local requiere de arquitectos, ingenieros y supervisores de obra, entre otros profesionales que tienen la responsabilidad de negarse a hacer cambios fuera de la normativa y de denunciar, aunque el cliente con la plata diga que es él quien manda. Un plano aprobado no puede convertirse en una sugerencia por qué no lo es. Muchos profesionales me han confesado que se abstienen de denunciar por temor a perder trabajo, pero ese silencio colaboró en construir la ciudad hostil y caótica que tenemos hoy.
Ordenar la ciudad no significa cerrar negocios.
Mi gestión en la Junta Comunal de San Francisco, en conjunto con el Municipio de Panamá, ha tomado medidas para empezar a corregir décadas de desorden. El nuevo ordenamiento territorial de San Francisco contempla mecanismos como contratos con terrenos baldíos o estacionamientos compartidos, para que los comercios resuelvan su demanda vehicular sin apropiarse del espacio público y resuelvan sus pendientes con el permiso de ocupación. Además, las investigaciones urbanas demuestran que la caminabilidad no perjudica al comercio, al contrario, las calles caminables son económicamente más productivas que aquellas diseñadas para el carro. Esto se da porque al caminar es más fácil detenerse, observar y entrar de manera espontánea.
Muchos dirán: “aquí nadie camina”. Este argumento, además de ser falso, ignora las inequidades de nuestro país. Según la ATTT, Panamá tiene cerca de un millón de vehículos activos, lo que significa que la mayoría de los panameños no cuenta con un carro. Además, existe una población que no puede manejar: niños, adolescentes, algunos adultos mayores y personas con discapacidad. Para moverse, miles de panameños caminan y utilizan el transporte público, que lastimosamente es muy ineficiente.
Esta ineficiencia resulta en nuestra alta dependencia al carro y en la necesidad de habilitar estacionamientos que cumplan con las normas. Por eso es importante invertir en un transporte público de calidad, en conjunto con la recuperación de aceras.
Al sustentar estacionamientos ilegales con el argumento de que aquí nadie camina, estamos diciendo que la mayoría de los ciudadanos de Panamá no tiene derecho a la ciudad: a acceder a servicios cómodamente, a movilizarse.
Gobernar implica decidir no sólo cómo vivimos hoy, sino cómo queremos vivir.
San Francisco pasó en pocas décadas de barrios residenciales a uno de los centros comerciales y económicos más importantes del país, pero su infraestructura pública no evolucionó a la misma velocidad. Ahora nos corresponde corregirlo y me lo tomaré muy de pecho y expondré a quien no quiere ser parte del cambio por egoísmo. Como autoridades nos compete tomar estas decisiones difíciles con firmeza en beneficio de una ciudad más accesible, ordenada y amigable para todos los ciudadanos.
Serena Vamvas
Concejal/Representante de San Francisco 2024-2029
Abogada, ambientalista y defensora de los espacios públicos
Conoce más sobre nuestra gestión:
Reportes y denuncias al +507 6331-6994