A medida que se acentuaban las hostilidades en Europa y el Lejano Oriente, Washington se preparaba para la posibilidad de entrar a la guerra. Los planes bélicos incluían la protección de un activo muy preciado, el Canal de Panamá.
Con este propósito, Estados Unidos aspiraba a obtener bases militares fuera de la antigua Zona del Canal. Un primer intento en este sentido tuvo lugar el 7 de noviembre de 1940, cuando la legación estadounidense expuso al Gobierno panameño su propósito de arrendar numerosos sitios de defensa por el inverosímil período de 999 años.
El Gobierno Nacional, encabezado por Arnulfo Arias Madrid, objetó semejante duración y propuso que el mismo se limitara “al término constitucional de la administración panameña que los negociara”. En su solicitud formal, presentada el 25 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos ajustó su propuesta a 99 años, a cuyo término también se opuso la administración del presidente Arias.
La Cancillería panameña, además, expresó su preocupación porque las bases que Estados Unidos proyectaba distribuir por toda la República serían consideradas objetivos militares por el enemigo, lo que pondría en riesgo a la población y los recursos del país.
En este contexto, el 18 de febrero de 1941 el Gobierno panameño presentó en Washington un memorándum con 12 puntos considerados primordiales para el desarrollo del país.
Mientras se llevaban a cabo las negociaciones sobre bases y se consideraban las reivindicaciones panameñas, el 5 marzo Panamá autorizó las “preparaciones militares” de Estados Unidos en su territorio, según lo explica Julio E. Linares en su obra Enrique Linares en la historia política de Panamá (1989, págs. 373-78).
Las negociaciones aún no habían concluido cuando el 9 de octubre, Arnulfo Arias fue derrocado, presumiblemente –entre otras razones– por oponerse a que los buques con bandera panameña fuesen dotados de artillería, como lo había solicitado Estados Unidos.
Arias fue reemplazado por el ministro de Gobierno, Ricardo A. de la Guardia, quien el 20 de octubre accedió a que se artillaran las naves de matrícula panameña.
Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941 y la entrada de Estados Unidos en el conflicto, Panamá declaró la existencia de un “estado de guerra” con Japón, Alemania e Italia (8 y 10 de diciembre).
Meses más tarde, el 18 de mayo de 1942, los gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron el Convenio sobre arrendamiento de sitios de defensa en la República de Panamá, mediante el cual nuestro país concedió a Washington “el uso temporal, para fines de defensa, de todas las tierras mencionadas en el memorándum anexo a este Convenio”.
Por motivos de seguridad, según se adujo, el contenido del anexo no se dio a conocer. Sin embargo, en virtud del acuerdo Estados Unidos ocupó cerca de 134 sitios fuera de la Zona del Canal, destinándolos a la defensa de la vía acuática.
El Convenio de sitios de defensa se convirtió en una preocupación del nacionalismo panameño. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos propuso prolongar su ocupación de las bases, para lo cual en 1947 negoció con la administración de Enrique A. Jiménez un nuevo arreglo, que fue sometido a consideración de la Asamblea Nacional.
Sectores nacionalistas, sin embargo, exigieron la devolución de los sitios concedidos, de acuerdo con el artículo I del Convenio de 1942, el cual estipulaba que las tierras ocupadas “serían evacuadas y cesará el uso de ellas por parte de Estados Unidos de América un año después de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio definitivo de paz que haya hecho cesar el conflicto bélico ahora existente”.
Como consecuencia de intensas protestas, la Asamblea Nacional rechazó el nuevo convenio de bases, tras lo cual Estados Unidos evacuó los sitios de defensa que obtuvo cinco años antes.
