Cerca del 90% de los animales silvestres que habitan el territorio nacional están en la lista de especies protegidas, según informes de la Asociación de Amigos de los Animales y la Naturaleza (Aaan).
Cientos de estos animales son capturados y mueren anualmente por el deporte de la cacería, ya sea para el comercio, para mantenerlos en cautiverio como mascotas, o para convertirse en alimento en algunos hogares.
La Ley 39 de 24 de noviembre de 2005 "prohíbe la caza en áreas protegidas, zonas pobladas, lugares que se encuentran a menos de mil metros a la redonda de zonas pobladas y servidumbres de paso, lugares que están a menos de 2 mil metros a la redonda de áreas protegidas".
Las áreas más vulnerables son los parques nacionales y áreas protegidas, pues son las que concentran mayor cantidad de animales silvestres, afirma Melquiades Ramos, técnico de la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
En lo que va de este año, el Servicio de Policía Ecológica tiene registrados 22 casos de decomiso de armas de fuego, sólo en las áreas protegidas cercanas al área canalera, que incluye los Parques Chagres, Soberanía y Camino de Cruces.
La cacería es un deporte que amenaza la vida de algunas especies, como el venado cola blanca, ñeque, saíno, conejo pintado, tapir, gatosolo y varias especies de aves. Además, durante esta práctica se capturan otros animales como las iguanas, diferentes especies de monos y hasta mapaches.
Los animales son cazados en su mayoría con escopetas de calibre 12 y 28, explica el subteniente Máximo Molina, de la Policía Ecológica. Sin embargo, agrega, algunas de las municiones son alteradas, "le ponen plomo más pesado para que el animal caiga sin posibilidades de levantarse".
Los perros son otra arma que utilizan los cazadores a la hora de practicar su deporte. Los canes buscan el rastro de los animales, los muerden para debilitarlos y así el amo pueda atinar mejor el tiro, afirma Valezka Lezcano de Inspección y Rescate de la Aaan.
Estos casos son sancionados por la Ley 5 de 28 de enero de 2005 que regula los delitos contra el ambiente, y estipula que "quien cace, capture, mate o extraiga especies de la vida silvestre terrestre que estén sujetas a protección especial sin haber obtenido los permisos correspondientes para tales efectos o quien teniendo los permisos incumpla las especificaciones incluidas en estos, será sancionado con prisión de uno a tres años de multa", señala Molina.
(Vea Prisioneros por el hombre)
