En la hoja de un árbol, compuesta por miles de células, puede estar el ingrediente de la cura de alguna enfermedad. Mediante la biotecnología, se puede extraer la información genética de las células de un organismo para ser estudiada y darle diferentes usos, como por ejemplo, en la farmacología; es decir, para hacer medicamentos.
Esta información que guardan las células, en términos ambientales, constituye los “recursos genéticos” de un país.
Los científicos separan las moléculas en las que están interesados y luego hacen ensayos en animales para evaluar su reacción biológica, explica Darío Luque, del departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
Estos recursos (plantas o remedios) muchas veces son extraídos del país de origen y patentizados, ya sea por una empresa farmacológica u otro tipo de negocio, con fines comerciales, sin que el país dueño del recurso reciba beneficios, agrega Luque.
Desde hace una década, empezó a negociarse el Protocolo de Nagoya (firmado en mayo de este año por Panamá), bajo el paraguas del Convenio de la Diversidad Biológica de 1992.
El Protocolo de Nagoya, adoptado en la XI Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas en octubre de 2010, aborda el tema del acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su uso.
A raíz de este instrumento, se creó un comité intergubernamental, cuya primera reunión se está realizando desde el jueves y hasta el próximo lunes 6 de junio, en Montreal, Canadá.