RECIFE, (Brasil).(DPA).- La Fiscalía del estado brasileño de Pernambuco confirmó este lunes que promueve acciones legales contra la FIFA, el comité organizador (COL) del Mundial de 2014 y la empresa Match Servicios de Eventos, tras constatar una serie de irregularidades en la venta de boletos para la Copa Confederaciones.
La acción civil fue confirmada hoy a dpa por un portavoz del Ministerio Público de Pernambuco. Los fiscales de Justicia Guilherme Lapenda, José Bispo, Selma Carneiro y Márcia Lima, promotores de la acción civil, exigen que la FIFA, el COL y la empresa sean condenados a pagar 5 millones de reales (unos 2.17 millones de dólares) como reparación por los daños morales colectivos causados. Ese valor será destinado al Fondo Provincial del Consumidor.
También se demanda que las tres entidades sean obligadas a indemnizar en forma individual a cada uno de los aficionados que compraron boletos para asistir a los partidos disputados en la Arena Pernambuco durante la Copa Confederaciones, que se celebró entre el 15 y el 30 de junio pasado.
Según Lapenda, quien coordina una comisión del Ministerio Público de Pernambuco que fiscalizó las obras destinadas a la organización de la Copa Confederaciones y las que se realizan para el Mundial de 2014, fueron varias las irregularidades detectadas.
Entre otras, mencionó la localización separada de quienes habían comprado entradas con números de asiento consecutivos y la adjudicación de lugares diferentes a los adquiridos, lo que derivó en que quienes pagaron una entrada cara fueran ubicados en lugares de menor precio y viceversa.
El fiscal agregó que ninguna de las entidades responsables por el perjuicio sufrido por el consumidor consideró la posibilidad de resolver la irregularidad, sea devolviendo la diferencia de dinero pertinente o cambiando los lugares adjudicados en forma errónea.
“Esta práctica de conducta lesiva a los principios que rigen el Código del Consumidor fue la regla por parte de los demandados” expresó el fiscal.
Indicó por último que la acción "además de su carácter represivo tiene un carácter preventivo e inhibidor, una vez que los demandados son igualmente responsables por la comercialización de entradas para el evento Mundial 2014”.
“La presente Acción Civil Pública busca garantizar la seguridad de los consumidores para que efectivamente reciban aquello que acordaron”, concluye Lapenda al justificar la iniciativa.