El presidente del Comité Olímpico Irlandés (OCI), Patrick Hickey, responderá "en libertad al proceso" en su contra por reventa ilegal de entradas para los Juegos Olímpicos, uno de los escándalos que empañaron Río 2016.
El juez Fernando de Almeida "revocó la prisión preventiva decretada" contra Hickey, pero no podrá salir de Brasil mientras responde por el proceso y deberá entregar su pasaporte en las próximas 24 horas.
Hickey, de 71 años, que también dirige el Comité Olímpico Europeo y forma parte del Comité Olímpico Internacional, fue detenido el 15 de agosto por la policía brasileña en su hotel. Dimitió temporalmente de sus funciones.
El escándalo comenzó el 5 de agosto, en la apertura de Río 2016, con el arresto del irlandés Kevin James Mallon, uno de los dirigentes de la empresa THG Sports, que había sido autorizado para vender entradas para los Olímpicos de Londres en 2012 y de Sochi en 2014, pero no para los Juegos de Río.
Fue puesto en libertad el sábado de noche. Otros 10 brasileños que vendían entradas compradas con tarjetas de crédito pirateadas también fueron arrestados.
Para el juez, "no se justifica, de forma concreta y objetiva la necesidad de custodia cautelar del paciente". "No creemos que su libertad constituya un obstáculo (a la investigación) o riesgo para el orden público", añadió en la decisión.
Los abogados de Hickey habían pedido al juez que concediera prisión domiciliaria alegando el "crítico" estado de salud del acusado de 71 años, que sufre problemas de corazón.
De hecho, poco después de ser arrestado, tuvo que ser hospitalizado por una indisposición, pero al día siguiente fue conducido a una prisión de máxima seguridad, donde ahora espera por los trámites burocráticos para ser puesto en libertad, según informó a la AFP, la autoridad de penales de Río de Janeiro.
El Comité Olímpico Internacional (COI) solicitó a un gabinete que dirija una investigación independiente hasta el 10 de octubre sobre la gestión y la redistribución de las entradas de los Juegos.
Mientras, el gobierno irlandés también anunció que investigará esta red que, según la policía carioca, revendía ilegalmente entradas para los Juegos de Río por un precio muy superior al valor original.
Este tráfico generó ingresos de "al menos 10 millones de reales (3.15 millones de dólares). El valor de origen de las entradas incautadas era de 626 mil reales (cerca de 191 mil dólares), pero se vendían a hasta 30 veces su precio", explicó por estos días Ricardo Barbosa, de la unidad antifraude de la policía de Río de Janeiro.
Este mes, la policía también emitió órdenes de arresto para otras siete personas, entre ellas el británico Marcus Evans, presidente del club inglés de fútbol Ipswich y director de la compañía THG.
La policía llegó a incautar los pasaportes de miembros de la delegación irlandesa para poder interrogarlos.
La familia de Hickey había instado al ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Charles Flanagan, y a su par de Deportes, Shane Ross, a "intervenir de inmediato" en el caso.
La abogada Anne Marie James expresó el viernes pasado que no se habían "presentado cargos y tampoco había un juzgado disponible para hacer un pedido de pago de fianza".