El deporte panameño está en un año clave.
El 2026 marca el inicio de un nuevo ciclo electoral que, por ley, debe celebrarse para renovar las estructuras dirigenciales en federaciones y ligas provinciales, distritales y de corregimiento, así como en clubes y asociaciones deportivas de todo el país.
Sin embargo, a casi cuatro meses de iniciado el calendario, el proceso avanza con lentitud y rodeado de tensiones entre las autoridades y los organismos deportivos.
Cada 4 años
El marco legal es claro.
La Ley 50 de 2007, que reorganiza el funcionamiento de Pandeportes, establece en su artículo 2 que esta entidad es la responsable de definir los mecanismos para desarrollar el proceso electoral deportivo. A su vez, el artículo 9 señala que dichos mecanismos deben ser aprobados por el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, un organismo multisectorial que incluye representantes del Estado, el movimiento olímpico, el sector empresarial y la educación física.
Según el artículo 12 de la Ley 50, el director general de Pandeportes tiene la facultad de supervisar y reconocer a las juntas directivas electas en las organizaciones deportivas, con la excepción del Comité Olímpico de Panamá (COP). Además, la ley establece que estos procesos deben realizarse cada cuatro años.
Pese a este marco, la realidad dista de lo establecido.
El antecedente más reciente dejó un precedente irregular: en el año 2022 (en pleno coletazo de la pandemia respiratoria de la covid-19), múltiples elecciones no se realizaron en los tiempos previstos y se extendieron hasta 2023 e incluso 2024.
Ahora, con un nuevo ciclo en marcha, las señales apuntan a un escenario similar.
Pandeportes toma las riendas
El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, contó que desde enero pasado se envió una comunicación por correo electrónico a todas las federaciones y asociaciones deportivas, solicitando la verificación y certificación anual de sus estructuras organizativas.
Las federaciones debían remitir (antes del 31 de marzo) documentación clave para validar su funcionamiento: listado actualizado de ligas provinciales afiliadas, certificaciones de personería jurídica, inscripción en el Registro Público, estatutos vigentes, actas de elección de sus juntas directivas y cualquier otro documento necesario para la verificación institucional.
Sin embargo, la respuesta fue limitada.
La falta de entrega de información evidenció el descontento de varias federaciones, que optaron por no cumplir con el plazo inicial y solicitaron una reunión con Ordoñez. Ese encuentro se llevó a cabo el 20 de marzo, en el salón Lloyd LaBeach de Pandeportes, con la participación de representantes de más de 20 federaciones. En total, en todo el país hay 43 federaciones.
Diez días antes de esa reunión, se había firmado la Resolución Nº 072-2026 DG, que formalizaba la obligación de entregar la documentación antes del 31 de marzo. No obstante, tras el diálogo sostenido, se acordó extender el plazo hasta el 31 de mayo.
El ajuste, aunque representa una prorroga, no resuelve el fondo del conflicto.
Excusas y acciones legales
Las federaciones han insistido en que existen dificultades estructurales que complican el cumplimiento de los plazos, especialmente en lo relacionado con la formalización legal de ligas, clubes y asociaciones que conforman la base del sistema deportivo.
En medio de este escenario, un grupo de federaciones decidió elevar el tono.
El pasado 16 de abril, organizaciones como las de judo, atletismo, natación, béisbol, jiu jitsu japonés, jiu jitsu shiakan, artes marciales mixtas y boxeo olímpico otorgaron un poder legal a los abogados Gustavo Padilla, Franz Wever Guerra y Eusebio Rivera, para interponer un recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 072-2026 DG.
El movimiento, sin embargo, no estuvo exento de controversia. El documento incluía los nombres de otros 12 dirigentes que no plasmaron su firma. Entre ellos, el presidente de la Asociación Nacional de Tiro con Arco, Luis Barría, quien emitió un comunicado para rechazar el uso de su nombre y aseguró que se trataba de una acción que podía confundir.
“Se hace con la única finalidad de confundir a la opinión pública insinuando que la asociación ha refrendado dicho poder y demanda”, advirtió.
Desde el equipo legal conformado por Padilla, Wever y Rivera, que impulsa el recurso, se aclaró que aquellos nombres sin firma ni validación notarial no forman parte efectiva del proceso.
Otro escollo
Más allá de la disputa puntual, el argumento de las federaciones también gira en torno a las dificultades económicas y legales que enfrentan para regularizar sus estructuras. La falta de personería jurídica en algunas ligas y asociaciones podría dejarlas fuera del padrón electoral.
Ante estas preocupaciones, Ordóñez propuso la creación de un Comité Federativo integrado por tres o cuatro presidentes, con el objetivo de establecer una mesa de trabajo junto a la Contraloría General de la República. La intención es abordar, entre otros temas, los tiempos en la entrega de apoyos económicos, que actualmente pueden tardar alrededor de 60 días debido a los procesos administrativos del Estado.
Ordóñez ha señalado que desde Pandeportes existe disposición para apoyar económicamente a las federaciones en su proceso de regularización, pero subraya que el cumplimiento de los plazos sigue siendo una prioridad.
