Lo ocurrido el pasado sábado en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández no es un hecho aislado. Es, en realidad, una radiografía incómoda —pero necesaria— de las debilidades estructurales que siguen marcando la organización del deporte panameño.
Un partido de béisbol, en el torneo más importante del país, terminó suspendido por una trifulca que dejó a una persona herida tras recibir un golpe con un bate en la cabeza. No estamos hablando de una discusión subida de tono o de un intercambio de empujones. Estamos hablando de un acto que puso en riesgo la vida de un ciudadano en un espectáculo público. Ese matiz cambia absolutamente todo.
Aquí no hay espacio para matices ni excusas. Lo que ocurrió dentro del terreno, particularmente el uso de un bate como arma, es inadmisible desde cualquier perspectiva. El béisbol, por su propia naturaleza, exige control emocional, disciplina y respeto por el rival. Cuando eso se pierde, se rompe el espíritu mismo del juego.
Pero sería simplista —y hasta irresponsable— limitar el análisis únicamente a la conducta de los peloteros.
Porque si bien hay un árbitro encargado de imponer las reglas dentro del terreno, fuera de él debe existir una estructura igual de sólida que garantice la seguridad de todos los presentes. Y ahí es donde el sistema vuelve a fallar.
El dato es contundente: no hay suficiente seguridad pública y privada en este tipo de juegos. En un país donde los torneos de béisbol mayor y juvenil representan de los espectáculos deportivos más masivos —solo por detrás de los compromisos de selecciones nacionales—, este tipo de omisiones no puede seguir normalizándose.
No es la primera vez que se señalan problemas de organización. Incumplimientos en los horarios de inicio, deficiencias logísticas, controles débiles en accesos y ahora, una ausencia evidente de protocolos de seguridad. Para quien conoce el funcionamiento interno de estos torneos, lo del sábado no sorprende. Y ese es, quizás, el problema más grave de todos: que ya nada sorprende.
La Comisión Técnica de la Federación Panameña de Béisbol actuó dentro de su marco, imponiendo sanciones iniciales a los involucrados. Es un paso necesario, pero claramente insuficiente frente a la magnitud del incidente. Las suspensiones de dos partidos cumplen con el reglamento, sí, pero el debate de fondo trasciende lo disciplinario.
Aquí lo que está en juego es la credibilidad de una estructura que sostiene una tradición de más de ocho décadas.
El béisbol no es solo un deporte en Panamá. Es identidad, es historia, es un punto de encuentro social. Precisamente por eso, el estándar organizativo no puede ser negociable. No se trata únicamente de sancionar después del problema, sino de prevenir que el problema ocurra.
Y prevenir implica planificación, inversión y, sobre todo, voluntad de hacer las cosas bien.
Las ligas locales —incluyendo el propio torneo mayor, el juvenil, y otros circuitos como la LPF o la Liga Prom— deben entender que su rol va más allá de completar calendarios. Son plataformas que representan al país en términos de gestión deportiva. Incluso con estadios que no siempre están llenos, siguen siendo los eventos recurrentes de mayor convocatoria que tiene Panamá.
Eso obliga a profesionalizar cada detalle.
Desde los protocolos de seguridad hasta la coordinación interinstitucional, pasando por la logística operativa, la experiencia del fanático y el comportamiento de los protagonistas en el terreno. Todo forma parte de un mismo ecosistema.
Desde hace rato la junta directiva de la Federación Panameña de Béisbol tiene ahora una responsabilidad ineludible. Tiene que asumir un rol proactivo, revisar procesos, corregir fallas y establecer estándares claros que eviten que un episodio como este vuelva a repetirse.
Porque la pregunta ya no es qué pasó el sábado.
La pregunta es hasta cuándo el béisbol panameño va a seguir reaccionando después de los problemas, en lugar de anticiparse a ellos.
Y peor aún: hasta cuándo habrá que esperar para que una tragedia mayor obligue a hacer los cambios que hoy, con urgencia, ya son evidentes.
