El gobierno del presidente Donald Trump restablecerá próximamente la capacidad de la policía para incautar propiedades de sospechosos con ayuda federal, pero habrá salvaguardas.
The Associated Press se enteró que la política incluirá nuevas disposiciones con el objetivo de evitar el tipo de abusos que provocaron que, durante el gobierno de Barack Obama, el Departamento de Justicia tuviera que reducir drásticamente esa práctica.
El punto en cuestión es la incautación de bienes, la cual ha sido criticada porque permite que la policía confisque dinero o artículos sin contar con declaraciones de culpabilidad o, en algunos casos, acusaciones formales.
La política a ser presentada el miércoles se enfoca en la así llamada incautación adoptiva, que les permite a las autoridades locales esquivar las leyes estatales más restrictivas e incautar propiedades amparándose en la ley federal.
Lo que se obtenga es compartido con las autoridades federales. El exsecretario de Justicia Eric Holder limitó significativamente dicha práctica en respuesta a las críticas de que era terreno fértil para los abusos, en especial con las incautaciones policiales de pequeñas cantidades de dinero en efectivo.
El actual secretario de Justicia, Jeff Sessions, planea atenuar esas restricciones, pero también imponer nuevos requisitos en torno a cuándo puede utilizarse la ley federal, señaló el martes un alto funcionario del Departamento de Justicia al tanto de la nueva política.
El funcionario, que habló con la AP a condición de guardar el anonimato, carece de autorización para declarar sobre los cambios antes de su anuncio formal.
Las modificaciones más importantes incluyen requerir más detalles de las agencias policiales acerca de la causa probable que justifica una incautación antes de que las autoridades federales se involucren.
Además, el Departamento de Justicia tendrá que decidir con mayor rapidez si se encargará de las incautaciones locales, y también hacerles saber sus derechos a los propietarios de las cosas y el estatus de sus pertenencias en un plazo no mayor a 45 días después de que fueron incautadas, más rápidamente de lo que requiere la ley federal.
Otro cambio importante le dificultará a la policía incautar menos de 10 mil dólares a menos que tenga una orden judicial estatal, haya efectuado un arresto vinculado con la incautación, haya confiscado otro contrabando, como por ejemplo drogas, junto con el dinero, o el propietario haya confesado haber cometido algún delito.
Si no existe cuando menos uno de los puntos anteriores, las autoridades necesitarán la aprobación de un fiscal federal para incautarlo bajo la ley federal.